La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán sean los últimos en declarar de los 26 dirigentes procesados en la pieza política de los ERE, cuya fecha de juicio aún no está fijada y que podría celebrarse a finales del 2017.
En el orden solicitado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el primero en declarar sería el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que distribuyó la mayoría de las ayudas sociolaborales y de empresas pagadas por la Junta de Andalucía entre el 2000 y el 2010, que ascendieron a 741,6 millones de euros, según Anticorrupción.
Tras Guerrero, la Fiscalía quiere que declare el exconsejero de Empleo entre el 2004 y el 2010, Antonio Fernández, para el que pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de malversación y de prevaricación, y que después lo haga su antecesor en el cargo entre los años 2000 y 2004, José Antonio Viera, para el que solicita las mismas penas.
Para Griñán, la Fiscalía pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, que habría cometido como consejero de Hacienda antes ser presidente entre el 2009 y el 2013, y diez años de inhabilitación para su antecesor entre los años 1990 y el 2009, Manuel Chaves, por prevaricación.
El orden de las declaraciones de los acusados que solicita la Fiscalía se ha conocido una vez que hoy ha trascendido su escrito completo, ya que el divulgado el pasado 15 de septiembre no incluía las pruebas que solicitaba para el futuro juicio oral.
De los otros tres exconsejeros del Gobierno andaluz procesados en esta pieza, Magdalena Álvarez, que también fue ministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y para la que se piden 10 años de inhabilitación por prevaricación, está citada en el número 6 de los encausados.
Francisco Vallejo, otro de los exconsejeros y para el que pide ocho años de prisión, está citado en el número 14 de los encausados; la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, con una petición de seis años de cárcel, en el 21; y el exconsejero Gaspar Zarrías, para el que se piden diez años de inhabilitación, lo hará justo antes de Griñán y Chaves, que será el último.
Tras el turno de los encausados, la Fiscalía propone que declaren 56 testigos, entre ellos algunos que han sido procesados durante la instrucción de la causa, como los exconsejeros Antonio Ávila, Manuel Recio o Martín Soler, o el presidente de Unicaja, Braulio Medel.
Además, la Fiscalía quiere que declaren como testigos cuatro agentes de la Guardia Civil y otros cuatro técnicos de la Junta de Andalucía que elaboraron expedientes de información reservada.
Como peritos, Anticorrupción cita a cuatro de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que elaboraron un informe en el que reprochaban el uso de las transferencias de financiación por parte de la Junta para pagar los ERE porque impedía su control.
En su acusación, la Fiscalía interesa que a cada encausado se le abra una pieza separada de responsabilidad pecuniaria.
La solicitud de la Fiscalía coincide con la tesis del juez de instrucción Álvaro Martín, que rechazó la posible ignorancia de Chaves en lo que ocurría con los fondos destinados a empresas en crisis.
A Griñán le atribuyó malversación por "un hito cronológico en el año 2005", cuando la Intervención General de la Junta emitió un informe del ejercicio del 2003 en el que se indicaba se "se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido" para conceder subvenciones.
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