El pasado día 14 se celebró vista judicial en los juzgados de lo social de Cádiz, en demanda presentada por nuestro sindicato contra la empresa que tiene adjudicada el contrato de servicio a domicilio, contrato cuyo control y cumplimiento del pliego de condiciones recae en el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz.
La demanda interpuesta viene argumentada en el "incumplimiento de un acuerdo de jornada laboral para la totalidad de los trabajadores/as del servicio, y que la empresa solo aplica a unos pocos, es decir, beneficio para unos y discriminación para el resto", apunta en nota de prensa Autonomía Obrera. Cabe reseñar que a éste colectivo se le aplica el Convenio Provincial de limpieza de Edificios y Locales, donde al contrario de lo manifestado por el letrado de la empresa "no existe la categoría profesional de auxiliar de ayuda a domicilio, simplemente su equiparable al de peón de limpieza, curiosamente no se aplica el convenio del sector, es decir el estatal de ayuda a domicilio".
En su nota, el sindicato indica que el argumento dado por el letrado de Sarquavitae para aplicar éste convenio, fue sorprendente, dado que argumentó que era el que le instaba por pliego el Ayuntamiento de Cádiz a aplicar a los trabajadores/as, toda una barbaridad jurídica, "sorprendiéndonos que el Consistorio sea quien determine el convenio de aplicación".
Es una aptitud muy cobarde la estrategia jurídica de la empresa sobre una presunta falta de legitimación de nuestro sindicato en la denuncia. Según el comunicado, a la empresa "no le interesa que prosperen denuncias de Autonomía Obrera sobre situaciones que ha permitido el comité de Empresa durante años, y en donde no existe ningún tipo de vigilancia sindical". Por ello, ponen como "muestra la falta de denuncias de incumplimientos en la últimas décadas que contrasta con la precariedad laboral a la que está sometido el colectivo".
Destacan que ésta empresa "ha sido demandada en varias ocasiones por nuestro sindicato por despidos, juicios que ganamos, además ha sido denunciada en Inspección de Trabajo, por establecer jornadas a los trabajadores contrarias a la normativa laboral vigente, en donde le partían el turno de jornada hasta en tres ocasiones, hechos comprobados por la Inspección de Trabajo de Cádiz, que instó a la empresa a cumplir con la normativa, sorprendentemente, ni el Comité de Empresa, ni los sindicatos que lo componen como CCOO y UGT detectaron estas irregularidade".
En definitiva, según Autonomía Obrera, "estamos ante un servicio que a través de subcontratas lleva el Ayuntamiento de Cádiz prestando desde hace 20 años, un servicio donde las condiciones de los trabajadores/as son precarias y en donde la empresa es una mera intermediaria de mano de obra directa".
Ante dichas circunstancias y para no prolongar en el tiempo estas condiciones nefastas para los trabajadores/as, el Ayuntamiento, segçun Autonomía Obrera, "ahora bajo el mando de un gobierno de izquierdas tiene la obligación no sólo de vigilar exhaustivamente por el cumplimiento de los mínimos derechos laborales de éste servicio, exigiendo a Sarquavitae dicho cumplimiento, incluso sancionando si hace falta cuando se incumplen los mismos, hasta ahora ni la concejala políticamente, ni el director de Asuntos Sociales,(curiosamente ex delegado sindical de UGT, que pronto se olvidan la defensa de los trabajadores ) están interviniendo en este servicio, sin fiscalización y permitiendo con su silencio que esta empresa vulnere continuamente los derechos del colectivo, de situaciones sobre éste colectivo se puso en conocimiento a la Dirección, remitiéndonos al Área de Contratación, por lo que se detecta la ausencia de fiscalización desde Asuntos Sociales, algo realmente grave".
A su juicio, el Consistorio "debe de rescatar el mismo, mejorando y dignificando las condiciones del cerca de dos centenares de trabajadores que desarrollan desde hace más de 20 años sus funciones, pues estamos como decimos ante un colectivo que es mano de obra directa y donde la empresa no es más que una intermediaria, interesada únicamente en el beneficio que le otorga un servicio que lo transforma en ánimo de lucro y como trampolín para coger otros como la residencia de mayores Micaela Aramburu".
Por tanto, añaden que "instamos a la mayor urgencia al equipo de Gobierno que exija en el máximo grado el cumplimiento de la legislación laboral a la empresa y rescate el servicio en los plazos más cortos posibles, garantizando los puestos de trabajo, exterminando con ello la precariedad laboral, los despidos, los horarios abusivos y los agravios a éstos trabajadores, sin olvidar la actual ausencia de fiscalización del Área de Asunto Sociales, que debe realizarse de forma obligatoria".
Por otro lado, el sindicato hace "constar que en este servicio hay un Comité de Empresa (CCOO y UGT) que debe de estar a la altura de las circunstancias, y no deben de olvidar su papel de defensa de los trabajadores/as, tienen la obligación de demandar cuando es necesario y denunciar todo incumplimiento, agravio con los trabajadores/as del colectivo, sin miedo y sin temor".
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