La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión del ingreso en prisión de los funcionarios del Ayuntamiento de Rota condenados, junto a la exalcaldesa de la ciudad Eva Corrales, por el denominado "caso Horas Extras", según han indicado a Efe fuentes próximas al caso.
La Fiscalía se ha pronunciado ya sobre la solicitud de estos funcionarios de suspender su ingreso en prisión en tanto se tramita su indulto, pero aún no lo ha hecho sobre la petición que, en el mismo sentido, ha tramitado la exalcaldesa popular de Rota.
Tanto ella como cuatro de los seis funcionarios municipales condenados por este caso están a la espera de que la Audiencia Provincial de Cádiz responda a sus solicitudes.
Este órgano judicial es el encargado de ejecutar la sentencia que emitió el pasado mayo el Tribunal Supremo, confirmando el fallo dado por la Audiencia Provincial de Cádiz.
Así, el Supremo confirmó la condena de cuatro años y medio de prisión para Eva Corrales Caballero (PP) por un delito de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación administrativa que cometió al adjudicar irregularmente a un funcionario del Ayuntamiento entre el 2004 y el 2010 la confección de adornos municipales para las fiestas del pueblo.
Estos trabajos, adjudicados al margen de la ley, fueron abonados primero con facturas a nombre de la mujer del trabajador, que también está condenada, y después, entre el 2007 y el 2010, como 4.398 horas extraordinarias.
El Supremo también ratificó las penas a seis funcionarios y condenados por este caso, cuatro de los cuales también deberán ingresar en prisión.
Según fuentes municipales la fiscalía ha expresado su rechazo a que se suspenda su ingreso en prisión en tanto se resuelve la petición del indulto que ha impulsado el Ayuntamiento por la gravedad de las conductas de los delitos relacionados con la corrupción y porque las penas superan los tres años para cada uno de ellos.
La solicitud de indulto y de suspensión de la ejecución de la condena de la exalcaldesa popular de Rota se tramita de forma separada, ya que, según las fuentes próximas al caso, ella ha creído que de este modo interferiría menos en los resultados de las gestiones de los funcionarios.
La Fiscalía aún no ha informado sobre si, como ha hecho en el caso de los funcionarios, se opone o no a que se suspenda el ingreso en prisión de Eva Corrales mientras se resuelve su petición de indulto, ya que la Audiencia de Cádiz aún no ha requerido su pronunciamiento.
En este caso, el tribunal ha pedido valoraciones de los informes médicos y forenses que ha solicitado para evaluar los riesgos que la vida penitenciaria podría tener para las enfermedades que padece la ex alcaldesa, que fue uno de los argumentos que esgrimió Eva Corrales en su petición de indulto.
Eva Corrales, que dejó su cargo de concejal y la militancia en el PP después de ser condenada, está también a la espera de que la Audiencia de Cádiz emita su sentencia sobre otro caso por el que ha sido juzgada junto con el que fue su socio de gobierno y también alcalde, el líder de Roteños Unidos Lorenzo Sánchez, y otras personas, entre ellos funcionarios municipales y el actual alcalde de Chipiona.
Se trata del denominado 'caso Uniformes' en el que se han juzgado las sucesivas compras de ropa de trabajo para empleados municipales que entre el 2003 y el 2010 hizo el Ayuntamiento de Rota a una empresa que primero fue de Lorenzo Sánchez y después de un testaferro, según las acusaciones.
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