Izquierda Unida ha llamado la atención ante el elevado número de ahogamientos en playas y piscinas producidos en todo el Estado en lo que va de año y de manera muy concreta en la provincia de Cádiz. Esta situación ha llevado al diputado provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Antonio Alba, ha registrar una moción que defenderá en el Pleno provincial del 21 de septiembre en la que pide que se inste al Gobierno central a poner en marcha una regulación nacional en materia de Seguridad Acuática y de Formación a los Socorristas.
El portavoz de Izquierda Unida indica que pese a las medidas de seguridad, hay un triste récord de ahogamientos en lo que va de año, de manera que el pasado 10 de agosto ya eran 283 las personas que habían muerto ahogadas en playas o piscinas en España, una cifra muy superior a las 234 en la misma fecha del año 2015. En estos datos, Andalucía se encuentra entre las zonas negras del mapa que cuentan con mayor número de muertes con 53 fallecidos y la provincia de Cádiz en concreto, es la que más casos ha registrado este año, con un total de 20, lo que además implica un incremento importante respecto al mismo periodo del pasado año, cuando se registraron seis fallecimientos.
Gran parte de estos ahogamientos se han producido en playas de Tarifa, El Puerto de Santa María, San Fernando y Barbate, mientras que seis casos más han acontecido en piscinas o embalses como el de Bornos en donde falleció ahogado un joven portuense el pasado mes de agosto.
Recuerda el diputado de IU que a día de hoy, sólo si la playa está catalogada como de gran afluencia, algo que corresponde a los Ayuntamientos y a la Junta de Andalucía, debe tener un dispositivo de vigilancia y salvamento. Galicia es la única comunidad que tiene una legislación en esta materia, aunque el alto coste del curso obligatorio para los socorristas ha dejado plazas sin cubrir y playas sin seguridad en esa comunidad.
Por otra parte, señala que “el aumento de población, que triplica e incluso cuadruplica los residentes habituales supone también un verdadero problema para los profesionales de los servicios públicos que se encuentran desbordados”. A lo que se suman “los fuertes vientos de levante y otros fenómenos naturales que han aumentado el riesgo de peligro en las playas y han puesto de manifiesto la carencia de recursos y las lagunas legales en esta materia”, lamenta el portavoz.
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