Jerez

Los afectados por el ERE cumplen cuatro años fuera del Consistorio

Aseguran sentirse “desesperados” ante un caso al que no se le ve final

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Los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido por el Ayuntamiento en 2012 cumplieron ayer cuatro años en situación de desempleo y sin que todavía vean clara su reincorporación a la plantilla municipal.

Este cuarto aniversario coincide además con la cuenta atrás para los primeros señalamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativas a las demandas que individualmente tramitó un amplio grupo de afectados.

No en vano, los extrabajadores municipales esperan que el Gobierno local convoque de manera inmediata un Pleno extraordinario en el que se aprueben los acuerdos transaccionales alcanzados con los afectados que deben presentarse ante el TSJA antes de que se empiecen a emitir las sentencias definitivas.

Esta espera provoca la “desesperación” de muchos de los despedidos, que ven cómo su caso no termina de resolverse. Desde la plataforma de afectados explicaban ayer que inicialmente estaba previsto que el acuerdo plenario se adoptara “antes del 14 de septiembre”, que es la fecha para la que se encuentra fijado el primer señalamiento judicial.

En cualquier caso, los afectados entienden que el acuerdo podría producirse incluso después, en el periodo de tiempo comprendido entre esos señalamientos y los primeros fallos judiciales.

Mientras tanto, el grupo popular remitió ayer un escrito al Ayuntamiento solicitando que antes de la celebración del Pleno el secretario informe “expresamente” si los acuerdos que se piensan adoptar “cumplen todos los requisitos legales” para que el Consistorio “pueda transigir en sus derechos reconocidos en las sentencias de instancia”.

Además, se pide al secretario que aclare si “en las transaciones propuestas el Ayuntamiento obtiene el beneficio requerido por las recíprocas concesiones recogidas en la legislación aplicable”. En definitiva, lo que el PP quiere que el secretario aclare si los expedientes de acuerdos transaccionales que se proponen aprobar son ajustados a Derecho “y al interés general que este Ayuntamiento debe perseguir”.

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