A raíz del caso que ha motivado la dimisión del concejal del PSOE Jesús Torres, que según informaba el propio Ayuntamiento poseía una vivienda ilegal construida en zona no urbanizable sobre la que pesa una orden de demolición, se ha sabido que el Consistorio se enfrenta a una acumulación anormal de expedientes de infracciones urbanísticas sin resolver, en concreto y según ha confirmado el propio alcalde y delegado de Urbanismo, Javier Ruiz Arana, se trata de unos 4.000 expedientes.
Dicha acumulación ha obligado al Consistorio a ir depurando y analizando dichos expedientes, muchos de los cuales cuentan con una orden firme de demolición, alrededor de 1.700 casos que no han prescrito y que habrán de ser resueltos, según explicaba ayer el propio alcalde, preguntado por la prensa en una comparecencia.
La intención del primer edil es que a más tardar en octubre se aborde en el Pleno un plan de inspección urbanística que permita regularizar todos estos expedientes, que según Ruiz Arana "hemos encontrado arrumbados en cajas en una esquina de la oficina técnica". Entre ellos, el del ya ex concejal Jesús Torres. Con la ayuda de los técnicos, se está realizando un análisis "a conciencia" de los expedientes, para comprobar el estado de cada uno de ellos, si las infracciones urbanísticas han prescrito o no, y en el caso de que no, cómo se ha de proceder. Para darle más claridad, todos ellos se han relacionado con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) geográficamente con el fin de clasificarlos y evaluar la situación de cada uno y comprobar las posibilidades de legalización, lo cual depende mucho del suelo.
El alcalde explicaba que en aquellos casos en que se hayan cometido infracciones urbanísticas y no se haya restituido la legalidad, lo que marca la ley es la reposición de la legalidad física alterada, es decir, el derribo o demolición de la construcción ilegal. Una vez que un expediente cuenta con una orden firme de demolición, ésta prescribe una vez pasados quince años, lo cual ha sucedido en numerosos casos dada la enorme acumulación de expedientes, algo por lo que, según considera el alcalde, "el anterior equipo de Gobierno de PP y RRUU debería dar explicaciones". Por este motivo, los técnicos se han centrado en aquellos expedientes que datan del año 2001 en adelante, y que por tanto no han prescrito y han de ser resueltos.
Los técnicos se han encontrado entre estos 4.000 expedientes algunos sin terminar de tramitar, otros que directamente no aparecen, y otros cerrados, con órdenes firmes de demolición sin ejecutar. El volumen de trabajo es tal, que el Ayuntamiento con sus medios "es incapaz de afrontarlo en corto espacio de tiempo". Por éso, y tras el análisis de los técnicos, se llevarán a Pleno dichos expedientes para decidir cómo proceder y acordar los criterios a seguir, evitando dudas y suspicacias por parte de los partidos de la oposición.
A este respecto, el alcalde ha lamentado la actitud del Partido Popular, que según su opinión "ha querido darle a este asunto una dimensión mucho más grave de la que tiene", refiriéndose en concreto al caso de la vivienda ilegal de Torres. "El delegado entendió que para defender sus intereses en este caso y para defender los intereses del equipo de Gobierno decidió dejar su cargo. Nosotros lo que queremos es terminar el inventario que llevamos elaborando meses para poner en marcha la regularización y demolición en base a los expedientes que estamos analizando", ha señalado el alcalde, incidiendo en que "en un país donde las dimisiones brillan por su ausencia y donde asumir una responsabilidad a veces parece contraproducente según algunas reacciones, es loable que el señor Torres haya decidido dejar el Gobierno, defender lo que entiende que tiene que defender en un tema que pasa a ser particular".
El PP, según el alcalde, "ha intentado hacer ver a la ciudadanía que es exactamente igual un expediente de infracción urbanística de un delegado con la multitud de marrones y de complicaciones que han dejado y que tienen aún que resolver en el ámbito judicial. Han intentado desgastar al equipo de Gobierno, pero los ciudadanos no son tontos y han visto que el PSOE en este caso ha actuado dando ejemplo, con el paso atrás del delegado afectado". Ruiz Arana ha recomendado al PP que "mire dentro de sus órganos", y ha lamentado que venga el secretario provincial del PP "a hacer este tipo de declaraciones, que dice mucho de la catadura moral de este partido. Nosotros solo queremos recuperar la normalidad", ha explicado el primer edil.
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