El Programa de Empleo Rural (PER) cumple este año su treinta aniversario y desde 1986 hasta la fecha ha pasado por algunos retoques, el más profundo la reforma de 2002, si bien se ha mantenido ajeno a la polémica gracias al respaldo de las administraciones, los partidos y los sindicatos.
Concebido como un programa para asentar la población en zonas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura con una alta tasa de paro mediante inversiones en infraestructuras y la contratación de trabajadores eventuales agrarios, ha movilizado más de 5.000 millones a lo largo de treinta años, la contratación de cientos de miles de trabajadores y millones de jornales.
En la financiación de las inversiones colaboran el Gobierno central, que sufraga la mano de obra para ejecutar las obras en los municipios, y la Junta y las Diputaciones provinciales, que pagan en una proporción del 75 % y del 25 %, respectivamente, el importe de los materiales.
De forma paralela al PER nació el subsidio agrario, al que tienen derecho los trabajadores eventuales agrarios si han logrado reunir 35 peonadas en el campo, aunque esta proporción ha variado con los años ya que empezó siendo cuarenta y después bajó a 35, si bien algunos años por el impacto de la sequía se han reducido a veinte.
Consiste en una ayuda de 426 euros al mes durante seis meses al año, si bien los beneficiarios tienen que pagar 87 euros mensuales a la Seguridad Social.
La sombra del fraude ha perseguido al subsidio agrario desde sus inicio sobre todo por el secreto a voces en la mayoría de los municipios de la compra de peonadas para poder cobrarlo.
A pesar de las voces críticas sobre todo desde fuera de Andalucía que cuestionan el PER, este programa cuenta con el apoyo unánime de las administraciones central, autonómica y local y también de los sindicatos y, de hecho, con el tiempo han conseguido alejarlo del debate partidista.
También se ha asociado al clientelismo político este subsidio, que perciben en Andalucía unas 150.000 ó 160.000 personas, si bien en sus inicios el número era más elevado.
Una reforma en el año 2002, llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, que endureció los requisitos para cobrar el subsidio marcó un punto de inflexión en el número de perceptores, que empezó a bajar.
No obstante, al año siguiente el Gobierno creó la renta agraria para compensar a los jornaleros que no reunían esos requisitos para tener derecho a cobro del subsidio agrario, con lo que se mantuvo prácticamente igual el número de perceptores totales.
A pesar de los cambios de denominación -pasó a llamarse Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA) y posteriormente Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha persistido el nombre de PER en el medio rural andaluz, como se le sigue conociendo popularmente.
En principio, el PER, que sustituyó al llamado empleo comunitario, se destinaba únicamente a Andalucía y Extremadura, aunque en 1996 su aplicación se extendió a otras regiones como Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón.
Este programa tiene su reflejo en actuaciones en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios, que van desde la construcción de dotaciones de equipamientos sociales, parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales, o el arreglo de calles.
Actualmente, en Andalucía se ejecutan más de 2.000 proyectos en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario.
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