La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, critica que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es "una especie de chantaje" a las comunidades autónomas donde el Gobierno central "atenta contra la arquitectura constitucional al emplear este fondo como instrumento político para la recentralización de competencias hacia el Estado".
No obstante, la consejera ha apuntado que por el momento ni tampoco en los próximos presupuestos que está elaborando la Junta se plantea sistemas alternativos, vía acceso al mercado, para conseguir financiación.
En una entrevista con Europa Press, la consejera ha precisado que "todavía no hay claridad en los mercados financieros y la recuperación económica todavía no ha despejado esa duda que permita que la salida de las comunidades autónomas a los mercados financieros se haga en unas condiciones adecuadas de pago e intereses", de forma que por el momento no buscan la salida a los mercados como alternativa para conseguir financiación.
"Andalucía, hasta que esa situación no se produzca, no se plantea la salida a los mercados, todavía es pronto y hay que esperar que la situación financiera se reequilibre, pero es nuestro objetivo y vocación, entre otras razones porque el Gobierno ha utilizado el FLA como instrumento político para la recentralización del Estado", ha aseverado la consejera, quien lamenta que "cada vez que había un instrumento de auxilio a las comunidades, se utiliza de forma torticera para restarnos competencias aunque sea de forma voluntaria".
Considera que esos instrumentos los ofrece el Gobierno "no para darnos más financiación sino para evitar que salgamos a los mercados". A su juicio, "el Gobierno se ha valido de lo que tenemos que firmar obligatoriamente para poder adherirnos al FLA para centralizar sistemas de información, registros o cuestiones que no tienen nada que ver con el FLA, pero al estar constitucionalmente protegido como competencia autonómica, la única posibilidad que tiene de intervenir es por la vía voluntaria y han utilizado la voluntariedad del FLA como mecanismo de recentralización".
Ha apuntado que algunas de esas medidas son "claramente centralizadoras, como la obligatoriedad de adhesión al convenio con Farmaindustria", recordando que en el ultimo FLA fue obligado que el Consejo de Gobierno adoptara el acuerdo de adhesión, aunque ha dejado claro que "para nada va a implicar el cuestionamiento de la subasta de medicamentos, que quede claro". "Es evidente que un sistema sanitario universal y de calidad debe incorporar innovaciones terapéuticas, pero a un coste que sea perfectamente sostenible por el ciudadano, no puede ser al dictado de lo que marca los intereses de la industria", ha añadido la consejera, que lamenta que en el foro multilateral creado para la adhesión a ese convenio "las comunidades autónomas teníamos un papel residual, no teníamos capacidad decisoria, y si tenemos el gasto teníamos que tener capacidad decisoria".
Montero lamenta que el FLA "como está planteado, si quieres lo tomas y si no lo dejas, pero esa condicionalidad es una trampa porque es evidente que las comunidades autónomas no tienen capacidad de salir al mercado financiero y esa situación la tiene que solventar el conjunto del país".
No obstante, la consejera descarta recurrir o denunciar el mecanismo del FLA ante instancias judiciales o administrativas "porque es voluntario, aunque sea una voluntariedad forzada; es una especie de chantaje que se ha hecho a las comunidades autónomas, donde tú firmas aquí si quieres tener ese préstamo, para poder pagar a proveedores y a empleados públicos". No obstante, insiste en que "es un artefacto que se ha buscado el Gobierno que está tentando con la arquitectura constitucional, pero no deja de ser voluntario, y ahí se encuentra la trampa".
MENSAJES CONTRADICTORIOS
Por otro lado, la consejera ha criticado los "mensajes contradictorios" lanzados por el PP y ha reiterado su petición de que se conforme ya Gobierno y que el Gobierno "remita ya la información sobre los anticipos, las entregas a cuenta, para poder nosotros remitir a su vez al Gobierno cual es nuestro techo de gasto", y donde la Junta espera que la liquidación de 2015 sea positiva y similar a la de 2014, cuando esa liquidación fue positiva, cifrada en 980 millones.
"No entiendo por qué no dan ese dato, creo que hay una intencionalidad política en esa negativa, pues ya dispone de ese dato", ha indicado la consejera que trabaja en la elaboración de los presupuestos de la Junta "con rigor y precisión, y con la previsión de un escenario en el que esa liquidación sea positiva". Ha precisado que si no es similar a la de 2014 "tendríamos que ver si la evolución de los impuestos propios de la comunidad puede compensar lo que viniera disminuido por el Gobierno de España".
Considera que el Gobierno no ofrece ese dato "porque cree que está haciendo interpretación de la ley excesivamente cerrada, en la que dicen que si no aprueban el techo de gasto no deben dar los datos correspondientes a las comunidades autónomas, circunstancia que no tiene por qué ser así, pues existe flexibilidad que permite una interpretación más favorable para el interés general y para que las comunidades puedan hacer el presupuesto".
"Espero que ahora, cuando empiece septiembre, empiecen a remitirnos los datos de cómo se van a comportar las entregas a cuenta, pues sería absurdo que las comunidades no pudieran tener el presupuesto porque el Gobierno no lo tuviera", ha añadido.
La consejera espera que PP y Ciudadanos "estén dando pasos en la conformación del escenario de presupuestos a la vez que negocian la investidura, pues sería irresponsable no hacerlo". "Creemos que el PP puede mirar a una mayoría conservadora que hay en la Cámara que le permita pactar la investidura y un pacto presupuestario, y que llegue al 15 de octubre con el plan de estabilidad que se planteó cara a Bruselas y creo que la conformación actual de la Cámara el PP tiene que apoyarse en materia presupuestaria en aquellas fuerzas que se parecen más a ideología", ha añadido.
"Evitar la prórroga presupuestaria es un ejercicio de responsabilidad que le corresponde al PP y espero que lo esté haciendo ya, debería haberlo hecho ya porque la prórroga no conviene a nadie; yo no creo que el PP quiera una prórroga presupuestaria, pero si juega con la prórroga presupuestaria para posibilitar la investidura, pero hay que dejarles claro que una cosa es investidura y otra es el pacto presupuestario", ha aseverado Montero, quien deja claro que en su diseño de los presupuestos de la Junta de 2017 no contempla la prórroga de los presupuestos generales.
Considera que el PP está presionando a las comunidades autónomas para que a su vez presionen al PSOE, que es donde ellos se miran, pero es una mirada errónea, pues deben mirar a la mayoría conservadora de la Cámara".
LA CARTA
La consejera, quien ha precisado que tras la carta recibida desde el Ministerio a inicios de este mes "la Junta remitió el mismo día la aclaración sobre el plan de ajuste que nos pidieron, y por el momento no nos ha llegado nada, ni vía oficial ni extraoficial".
En ese sentido, deja claro que "estamos en situación de cumplimiento; estamos dentro del cupo de comunidades que es probable que cumplan con el objetivo".
Ha criticado que "mientras una parte del PP en Andalucía critica la baja ejecución del presupuesto de la Junta, algo desmentido en todo momento, el Gobierno central nos manda ese requerimiento porque entiende que hay ejecución muy avanzada del presupuesto y hay riesgo de desviación".
"El PP vive en un lenguaje permanente de confusión; no se quiere enterar de que las cifras son las que son", ha aseverado
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