El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado la actitud "mafiosa" del PP-A cuando "eleva a los altares de la judicatura" a los jueces que coinciden con sus tesis mientras que "expulsa a los infiernos y a las calderas de Pedro Botero a quien no coincidan con sus tesis".
Así se ha pronunciado Maíllo, en una entrevista con Europa Press, después de que el PP-A haya presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la juez que investiga las ayudas a los cursos de formación para el empleo, María Núñez Bolaños, por supuesta revelación de datos, tras haberse filtrado que la magistrada preveía archivar la 'pieza política', y por falta de motivación en sus autos.
El líder andaluz de IU ha rechazado entrar a valorar la acción de la magistrada o de los fiscales pues defiende que "no es nuestro papel como políticos", si bien sí ha censurado la postura del PP-A al respecto porque traslada "un mensaje preocupante en clave mafiosa". Para el PP-A, ha criticado, "parece que si hay jueces que no coinciden en los intereses de su relato respecto a la corrupción en Andalucía, le espera un acoso mediático que no tendrían aquellos que coinciden en su estrategia política".
Ha rechazado esos mensajes "en clave de perversión" porque trasladan al resto de jueces, a su entender, "lo que les puede caer si desarrollan una labor que no coincide con su estrategia política" y este camino "de desprestigio o prestigio de un juez según tenga unas tesis u otras es profundamente peligroso", ha advertido.
"Nos preocupa que el PP-A construya una suerte de elevación a los altares de la judicatura a quienes tienen coincidencias con sus tesis y de expulsión al infierno y a las calderas de Pedro Botero a quien nos coincidan con sus tesis", ha zanjado al respecto Antonio Maíllo.
CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN
Respecto a la causa de los cursos de formación y la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz en torno a este caso, el dirigente de IU ha subrayado que "hemos acertado en romper la trampa de la vinculación de las decisiones judiciales con la responsabilidades políticas". Y además, cree que también ha sido así en el caso de los ERE, cuando IU no quiso apuntar a la exconsejera Mar Moreno, donde después la justicia "nos dio la razón", o con el caso de Arellano, que "no depende de lo que diga la Fiscalía o lo que diga un juez sino de la relación objetiva del caso que sea objeto de polémica", estos posicionamientos, ha dicho, "nos da legitimidad".
En esa distinción entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política, Maíllo ha insistido en que la "adecuación del discurso de IU" en cada caso "nos da mucha credibilidad porque no vamos al bulto sino que distinguimos el trigo de la paja".
Y es que, a su juicio, "es un error vincular la responsabilidades políticas a lo que dicten los jueces porque puede haber, y de hecho va a ver, procedimientos perfectamente legales que, sin embargo, carecieron de un rigor político absoluto". Este será, como ha avanzado, una de las claves que IULV-CA defienda en sus conclusiones para el órgano parlamentario.
Por eso, IU defiende que hay personas que "no deberían volver a gestionar nunca políticamente en la administración, y en ese ostracismo político, independientemente de los procedimientos judiciales, es donde nos queremos centrar".
Maíllo defiende que el debate político tiene que estar desvinculado de los procedimientos judiciales, "no podemos conceder a un periodo de instrucción judicial categoría política porque si uno vincula ese procedimiento judicial a categoría política cuando al final de la instrucción se produzca una sentencia absolutoria, te quedas desautorizado desde el punto de vista político". "La solución judicial no exime de que haya incompetencia política", ha apostillado.
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