El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves las modificaciones parciales del acuerdo de funcionarios y del convenio colectivo del personal laboral de la institución supramunicipal, con el apoyo de PSOE, PP e IU y la abstención de Participa Sevilla y C's, lo que supone el cambio del articulado puesto en cuestión por la Cámara de Cuentas, suprimiendo el premio a la constancia y la indemnización a la jubilación ordinaria e introduciendo un sistema de evaluación al desempeño con una serie de ítems, que se irán ampliando, con el objetivo de que el empleado "no pierda poder adquisitivo".
El presidente provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha subrayado el acuerdo alcanzado con los sindicatos e insiste en la necesidad de "trabajar con todos para poder garantiza que los trabajadores no vean mermados sus niveles adquisitivos". "Éste es el inicio de una carrera y se están aprobando las bases de lo que será un recorrido de la mano de los sindicatos", indica, agregando que "lo importante es que el personal está tranquilo". Además, insiste en que "si la Cámara de Cuentas dice que esto no es como se hacía antes, pues hay que cambiarlo para no vulnerar el marco legal".
Al hilo de esto, el diputado del Área del Empleado Público, Mario Martínez, señala que su implantación será paulatina, tras haber avanzado con anterioridad que se pedirá al Consejo Consultivo que pare la revisión de oficio en la que trabajaba. Esto permitirá el abono semestral en concepto de productividad, a la vez que se eliminan los conceptos retributivos de premio a la constancia y a la jubilación ordinaria.
El nuevo sistema recoge factores que inciden en el grado de consecución de los objetivos por parte de los trabajadores, teniendo en cuenta la trayectoria profesional y a la antigüedad en la Diputación del trabajador, según Martínez, que añade que a partir de septiembre se estudiará seguir negociando más ítems.
Igualmente, con el voto favorable del PSOE, el contrario de PP, IU y Participa y la abstención de C's, se han acordado diversas modificaciones de las plantillas de personal funcionario y laboral de la corporación, para la creación, transformación y amortización de plazas y puestos de trabajo. Martínez detalla que el origen de la creación de estas plazas está en la "consideración judicial de que son estructurales de la Diputación y no por la creación de un programa concreto".
Dentro de la creación de plazas, se trata de un redimensionamiento de las plantillas, con el fin de proceder a una posterior Oferta de Empleo Público, mientras que las transformaciones vendrían determinadas por la necesidad de adecuar las denominación de las categorías a las funciones, titulaciones y objetivos que han de alcanzar las Áreas de gobierno actualmente.
En este marco, la portavoz del PP, Virgina Pérez, valora los acuerdos y considera que hay que buscar soluciones, como la modificación del convenio o evaluando el desempeño, algo que espera que se complemente con otra serie de criterios. Asimismo, ha criticado que en la Diputación "no se da explicaciones con demasiada normalidad sobre las políticas de personal" y lamenta que se "siga sin conocer la totalidad de la oferta de empleo público aprobada en los presupuestos".
Igualmente, la portavoz de IU, Engracia Rivera, ha celebrado que venga a pleno el convenio, fruto de un acuerdo plenario anterior, aunque muestra su preocupación por el modo en el que se plantean las vías de solución. Además, pide que se retire la petición de revisión del Consultivo, teniendo en cuenta que cumple el día 25 el plazo para esa petición.
En cuanto a las modificaciones de personal, considera que "no es solo una modificación de plantilla sino de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", que insiste en que "ha de negociarse con los trabajadores y ver esos acuerdos". "No estamos por las modificaciones políticas a la carta", concluye.
Por último, el portavoz de C's, Javier Millán, apuesta por que se implemente la modificación del acuerdo de funcionarios y del convenio colectivo con "el mayor grado de objetividad, teniendo en cuenta la antigüedad y uniendo otros factores que lo enriquezcan para incrementar el grado de compromiso de los trabajadores y tener en cuenta sus necesidades formativas, entre otros".
En materia de recursos humanos, Pérez advierte que "no se dejan de ver sentencias" y opina que "lo deseable es que esto no suceda", algo que comparten Millán, quien pide "poner fin a la etapa en la que se ha judicializado en exceso las relaciones laborales", y Rivera, que insiste en que "no se pueden judicializar las relaciones laborales porque existen vías de negociación y de consenso como para no tener que llegar a un juzgado". Ante esto, la diputada de Hacienda, Concepción Ufano, indica que estas reclamaciones y juicios son habituales en el funcionamiento de "todas" las Administraciones.
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