La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha citado a declarar como investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero (PSOE), a resultas de la grabación en la que el primer edil habla de la adjudicación de contratos a un empresario por el hecho de ser el padre de una militante socialista.
En un auto fechado el día 18 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita como investigados tanto al primer edil como a otras tres personas relacionadas con el contrato en cuestión los próximos días 22 y 23 de septiembre, haciendo expreso ofrecimiento de acciones a la Diputación de Sevilla como perjudicada en relación al uso dado a los fondos adjudicados al Ayuntamiento de La Algaba.
La juez instructora dice que esta causa se abrió mediante auto de 12 de febrero de 2016, acordándose la investigación de presuntos delitos de amenazas, malversación de caudales públicos y prevaricación con relación a determinadas "irregularidades" en el Consistorio y remitiéndose a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la grabación referida para su investigación.
Así, y una vez que la UCO ha entregado su atestado, la magistrada dice que, con relación a la investigación por presuntas "irregularidades" en la contratación de determinadas partidas por parte del Ayuntamiento, se aprecian "indicios" de posibles delitos de prevaricación y malversación con relación a una de estas adjudicaciones.
En concreto, la juez se refiere a la adjudicación para la adquisición de dotación y equipamientos y bienes inventariables correspondientes al año 2010, financiada con cargo a una subvención otorgada por la Diputación de Sevilla, el 13 de agosto de 2010, resolviendo la adjudicación de una subvención a favor del Consistorio para la adquisición de diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.
La juez dice que, de los términos de la investigación efectuada por la UCO, "se desprende que dicha contratación pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa" de la que eran titulares dos hermanas a las que cita como investigadas "tras haberlo ofrecido verbalmente al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación" que dio inicio a la causa y que aparece transcrita en el atestado de la UCO.
PERJUICIO PARA LAS ARCAS PÚBLICAS
Al hilo de ello, destaca cuestiones como "la inmediatez con la que se amplía el objeto social" de la entidad Materiales de Construcción Romecan S.L., "el hecho de que ya antes se le hubiera ofrecido esta partida de contratación si su objeto social no incluía esta materia", o las "irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación".
La juez cita como investigados al alcalde y a otras tres personas "a efectos de garantizar su legítimo ejercicio del derecho de defensa y propiciar un completo esclarecimiento de esta operación que pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no".
En el mismo auto, consultado por Europa Press, la magistrada afirma que, "de los datos que arroja la investigación a día de hoy, no se desprenden indicios suficientes para extender dicha investigación a los aspectos relacionados con la contratación de María José Gutiérrez Agüera ni los relativos a la adjudicación de obras a realizar en determinados colegios públicos" de la localidad con cargo al denominado 'Plan 5000'.
NUEVAS DILIGENCIAS PREVIAS
Por otro lado, la instructora se refiere a la parte de la denuncia sobre posibles amenazas, coacciones o presiones que pudieran revestir la apariencia de un delito de acoso laboral del que sería víctima la interviniente en la grabación --militante socialista-- que dio origen a la investigación.
En este sentido, dice que "resulta conveniente en orden a un completo esclarecimiento de estos hechos y evitar un posible conflicto de intereses en cuanto a las manifestaciones que se presten en lo sucesivo intentando que las mismas se realicen con todas las garantías procesales y un respeto al legítimo derecho de defensa, separar esta parte de la investigación de la relacionada con las irregularidades en la contratación de determinadas partidas" realizada por el Ayuntamiento.
Por ello, acuerda deducir testimonio de la denuncia y expedir copia de la grabación y del atestado de la UCO para, con todo ello, incoar nuevas diligencias previas, independientes de la causa, en las que se acordará citar como perjudicada a la denunciante "para realizar a la misma expreso ofrecimiento de acciones", de manera que con el resultado de todo ello se revolverá "sobre la eventual investigación por presuntos delitos de amenazas/coacciones y/o acoso laboral".
De su lado, el alcalde ya reconoció ser el autor de las declaraciones grabadas pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.
LA GRABACIÓN
Hay que recordar que, a principios del presente año, trascendió una información en torno a una grabación sonora en la que el alcalde de La Algaba trasladaría a una empleada municipal y militante socialista que "aquí se está a los pies del PSOE", señalando que "se le dio (un contrato municipal al padre de esta militante del PSOE) porque me salió a mí de la polla" y que "hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre".
Dado el caso, Diego Manuel Agüera manifestó a Europa Press que la conversación en cuestión se produjo allá por el año 2012, reconociendo que sus palabras son "muy desafortunadas" y pidiendo públicamente "perdón" por ello.
El alcalde no negó la autenticidad de la conversación, pero insistiendo en lo "desafortunado" de sus palabras, defendió que "todos los expedientes (de contratación) del Ayuntamiento están bajo el paraguas de la legalidad".
En ese sentido, explicó el "contexto" en el que se produjo aquella conversación con la citada empleada municipal. Según relató, por aquellos tiempos la relación entre el PSOE e IU-CA aún estaba marcada por una fuerte "crispación" y un agrio enfrentamiento, sobre todo después de que en 2009, el PSOE se desligase de su acuerdo de gobierno con IU-CA y le arrebatase la Alcaldía mediante una moción de censura promovida con el único edil del PP.
EL EXALCALDE JOSÉ LUIS VEGA
Sobre su discusión grabada con esta empleada municipal, según desgrana, pesaba la decisión del entonces marido de esta mujer, además militante del PSOE, de "montar una empresa y asociarse" con el exalcalde José Luis Vega (IU-CA), cuando aún las relaciones entre ambas fuerzas estaban marcadas por "una enemistad tremenda". Aquello, según insiste, "sentó fatal entre la militancia" socialista.
Reiterando una vez más que sus declaraciones fueron "muy desafortunadas" y pidiendo otra vez "perdón" por las mismas, Diego Manuel Agüera expuso que en aquella conversación "ambos hablamos de todo". "Yo tenía 30 años y llevaba diez meses como alcalde", aseguró, añadiendo que esta trabajadora grabó aquella conversación "animada" por José Luis Vega.
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