El PP no está dispuesto a soltar sin batalla la presa de la trama de la formación, junto con los ERE uno de los grandes arietes con los que ha intentado en los últimos años derribar los muros de la Junta alimentando la fogata de la corrupción. La consigna en el primer partido de la oposición es intentar aferrarse a las tesis del descontrol, de la conspiración y del fraude consentido por la Administración autonómica para beneficiar, entre otros, a todo un conglomerado de empresas afines al PSOE que habrían manejado cantidades millonarias por cursos que jamás organizaron o que no se molestaron ni en justificar.
El problema es que el caso, investigado en más de una decena de juzgados de toda Andalucía y sometido en paralelo a una comisión parlamentaria a falta ya sólo de las conclusiones, parece que se le escurre entre en los dedos. Lo que en su día la jueza Alaya llegó a cuantificar por elevación como una bolsa de fraude de 3.500 millones va camino ahora de limitarse a irregularidades administrativas. La vía penal, a la que se aferran aún los populares, parece ir desinflándose.
La puntilla la ha puesto el Tribunal de Cuentas, que en un tirón de orejas a la Cámara de Cuentas de Andalucía ha concluido que donde ésta vio un sinfín de ilegalidades al elaborar sus informes de fiscalización no habría, sin embargo, ningún indicio de irregularidad contable ni de menoscabo de fondos en torno a las ayudas que financiaron los cursos. Como mucho, cuestiones que habría que resolver en el ámbito contencioso-administrativo. Los funcionarios y altos cargos de la Junta, según ese informe pendiente aún de elevación a definitivo, quedarían también libres de toda sospecha.
Es sólo el último episodio que hace desmoronarse la teoría de la trama ilícita. Hace apenas unos días la Fiscalía Anticorrupción tampoco apreciaba delito tras las exceptuaciones o exoneraciones de las ayudas, un mecanismo por el cual la Consejería de Empleo concedía nuevas subvenciones sin obligar a que las empresas justificasen haber realizado los cursos para cobrar el 25% final de la cuantía de los mismos. En beneficio de quienes intuyen que todo fue “una farsa orquestada por el PP”, la réplica enarbolada por el PSOE, también cuenta el más que probable archivo de la pieza política del caso por parte de la jueza Núñez Bolaños, lo que levantaría la acusación sobre los altos directivos de la Junta, o que juzgados como el de Jaén hayan comenzado ya a dar carpetazo al asunto al no apreciar delitos.
El PP no cede
Pese al cúmulo de adversidades, el PP andaluz insiste en apuntar hacia la Junta como inspiradora del fraude y se niega a presentar disculpas. Su vicesecretario de Coordinación Política, Toni Martín, tachó ayer de “broma” que se les sugiera retractarse de las acusaciones y advirtió de que quien debe pedir perdón es “quien ha protagonizado todos estos escándalos” y “quien ampara el fraude”. El discurso del paso atrás se antoja aún lejano.
De su intervención en público ayer se deduce por dónde va a caminar la estrategia de los de Juanma Moreno en las próximas semanas, aunque agosto tienda a diluir la polémica: el “tema está vivo”, en los cursos se “regalaron 100 millones a unas 50 empresas que están en torno al PSOE” y hubo cursos fantasma “subvencionados que no se impartieron”.
Desde el PSOE se atribuía de nuevo ayer a su gran oponente el diseño de la “farsa”, aunque elevando el tono y colocándole por delante el epíteto “sucia”. “La mentira se desmorona”, proclama.
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