El auto señala que la gestora “no puede darse por válidamente constituida”, entre otros motivos porque su creación “ha de sujetarse a unos principios mínimos de funcionamiento democrático y que los propios estatutos reconocen para el caso de conflictos políticos, donde debe darse audiencia a los militantes afectados”, lo cual “no se ha acreditado mínimamente”.
El auto viene a dar respuesta a todo lo solicitado por Butrón y Blanco en la demanda presentada en noviembre tras ser apartados de IU de manera irregular.
En los fundamentos de derecho, señala que “no existe documentación alguna de la que resulte la expulsión o sanción a los referidos militantes” e indica que “de hecho, el propio coordinador regional del partido -en referencia a Diego Valderas- afirmó en la vista que no había expedientes de expulsión”. Sólo en el caso de José Pedro Butrón se reconoce la existencia de un procedimiento sancionador, aunque IU “no aporta la resolución firme por la que se acuerda la expulsión”.
Así pues, “no puede sino concluirse que los demandantes forman parte de la Asamblea Local de IULV-CA en Chiclana, al no existir procedimiento sancionador alguno que acuerde su expulsión ni resolución firme al respecto”.
Asimismo, el auto recoge que se traslade la decisión al alcalde y al secretario del Ayuntamiento “para que esta resolución pueda llevarse a efecto”. Fuentes del equipo de Gobierno han rechazado pronunciarse hasta no tener en su poder el auto, aunque más de una vez el alcalde ha manifestado que acataría lo que dictase la justicia.
Así pues, una de las consecuencias que se derivarán de esta resolución será la recuperación por parte de Butrón y Blanco del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, mientras que Nadine Fernández tendrá que pasar a los no adscritos. Asimismo los representantes de IU en los consejos sectoriales, en las juntas de portavoces e, incluso, en la Mancomunidad, serán designados por el Consejo Local que coordina Butrón, mientras que hasta ahora esos miembros eran nombrados por la Gestora. Todo esto se traduce además en una inyección económica, pues Butrón pasará a cobrar 34.000 euros en bruto al año al recuperar la portavocía del grupo en lugar de los 18.000 que percibía como concejal. Igualmente recibirán una asignación económica como grupo municipal.
El edil ha mostrado su satisfacción por la resolución judicial aunque aplazó hasta hoy su valoración a la espera del análisis que hiciese el Consejo Local, convocado para ayer tarde. “Sabíamos que los tribunales nos darían la razón, pero no pensamos que aceptarían todas las medidas que solicitábamos. Estamos muy satisfechos”, se limitó a decir.
Por su parte, desde la Gestora han rechazado pronunciarse hasta no tener el auto.
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