La víctima como motor de la justicia, en particular en la causa argentina sobre los crímenes del franquismo. Esta idea ha imperado hoy, martes, en la ponencia de la abogada Ana Messuti que ha tenido lugar en el Palacio de los Gobernadores dentro del seminario sobre memoria histórica del 36 Curso de Verano.
La jornada comenzó con la ponencia de Julio Pérez Serrano, coordinador del curso, quien sustituyó al catedrático de Filosofía del Derecho Javier de Lucas, quien no pudo asistir por enfermedad y que iba a hablar sobre una comisión de memoria histórica para España. La ponencia de Pérez Serrano, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, se titulaba como el mismo seminario: “Construir una memoria democrática: verdad, justicia y reparación”.
En cuanto a Ana Messuti, es licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Filosofía del Derecho y ha sido funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Forma parte del equipo jurídico de los querellantes españoles contra los crímenes del franquismo que está instruyendo la jueza María Servini de Cubría, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1, de la República Argentina.
Entre los asistentes a la ponencia de Messuti se encontraba el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, quien departió con la abogada argentina antes de comenzar su intervención. El primer edil le comentó, entre otros asuntos, que en el Pleno Ordinario del pasado mes de abril se aprobó una Moción para la adhesión del Ayuntamiento a la querella planteada en Argentina por genocidio y lesa humanidad por los crímenes del franquismo, en la que también se animaba a los ciudadanos particulares a adherirse a la misma e informar sobre asuntos relativos a estos hechos. El punto se aprobó con los votos a favor de PSOE y SRSSP y la abstención de PP y PIVG.
La letrada explicó el recorrido que está teniendo la querella y señaló que se está instruyendo en Argentina porque en ese país “se acababa de luchar por devolver la normalidad democrática. No les devolvíamos (a los españoles) el favor por los juicios Scilingo y Pinochet, sino que estábamos cumpliendo una obligación internacional ante unos crímenes que nos sublevan a todos”.
Relató que el caso comenzó “con un portazo”, ya que el fiscal argentino pidió que se archivara la querella al entender que en España se estaban investigando los crímenes del franquismo. “Apelamos -indicó- y demostramos que se habían interrumpido las investigaciones que propició el juez Baltasar Garzón. Al ganar, creamos jurisprudencia en Argentina, porque ya no se necesitaba que la causa fuera impulsada de oficio, sino que la víctima se convertía en el motor de la justicia”.
Explicó que “entre 2010 y 2014, el caso avanzó sin fiscal”, a pesar de lo cual que consiguieron los testimonios de más de 450 querellantes, de centenares de denunciantes y miles de adhesiones. Se tomaron declaraciones a las víctimas tanto en el juzgado de Buenos Aires como por videoconferencia
“Pero -apuntó-, es muy importante que muchas declaraciones se han ido tomando por jueces españoles. La jueza viajó a España y tomó algunas declaraciones, pero dejó el auxilio judicial internacional pidiendo a los jueces españoles que llamaran a las víctimas a declarar. Para nuestra sorpresa, se empezaron a tomar declaraciones, aunque los jueces se preservan de cualquier posible sanción diciendo que están cumpliendo el tratado bilateral con Argentina para prestar auxilio judicial”.
A pesar de algunos “éxitos”, Messuti no escondió otros “fracasos: una cosa es que los jueces escuchen a las víctimas, pero otra es que comparezcan los acusados. Las declaraciones indagatorias no se han podido tomar”, ya que “se han pedido extradiciones y se han denegado dos veces”. La primera, respecto a cuatro personas acusadas de torturas (dos de ellas ya fallecidas), fue rechazada tanto por el fiscal español como por el abogado defensor como por la Audiencia Nacional, un rechazo que criticó porque “decían que los crímenes habían prescrito, cuando de acuerdo con el Derecho Internacional estos crímenes no prescriben ni pueden ser amnistiados”.
En el segundo caso, referente a 19 personas, fue el mismo Consejo de Ministros quien se negó a la extradición. “Hubo -explicó- una reacción internacional muy importante, y desde los órganos especializados en Derechos Humanos de las Naciones Unidas se emitió un comunicado en el que se decía que la decisión del Consejo de Ministros deja en profundo desamparo a las víctimas y que sus argumentos carecían de base, conminando a España a extraditar o juzgar a los responsables de estos crímenes”.
En la actualidad, señaló “estamos tratando de que venga a España la jueza argentina a tomar declaraciones indagatorias. Ya lo ha solicitado, y le han pedido desde el Ejecutivo la relación de las preguntas que va a hacer, cuando esa petición va contra la independencia judicial”.
Señaló Ana Messuti que durante el franquismo hubo “un plan sistemático, deliberado y generalizado para la realización de crímenes”, y que estos crímenes afectaron a diversos grupos de víctimas, que pasó a enumerar: desapariciones forzosas, a raíz de paseos o sacas; torturas; fusilamientos sin juicio previo o sumarísimo; penas de prisión sin juicio en condiciones que causaron la muerte de los presos; trabajo esclavo; robo de niños; maltrato y represión de niños en instituciones semicarcelarias; y el exilio y la complicidad con el régimen nazi.
La abogada señaló que algunos de los grupos de víctimas no están representados en la querella como deberían, y reclamó a los colectivos, como ha hecho el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que se adhieran a la causa.
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