Si bien hace unas semanas la delegada municipal de Hacienda y Personal, María José González Peña, avanzaba algunas de las claves del primer año de mandato del equipo de Gobierno socialista, el alcalde Isidoro Gambín coincide en que el último año ha sido fundamental para cumplir un objetivo principalísimo: terminar con el enchufismo laboral en el Ayuntamiento, consolidar la plantilla municipal y contener el gasto público para hacer frente a los todavía gravísimos problemas económicos. Sin embargo, esos objetivos -entiende Gambín- no han sido un camino de rosas en su consecución, pues han implicado políticas muchas veces antipopulares, incluso contra sus propios deseos, pero que han sido marcados desde una postura de máxima responsabilidad.
¿Diría que están cumpliendo los objetivos de reducción del déficit, la estabilidad de la plantilla municipal y la prestación de servicios a pesar de la reducción del gasto?
—Indudablemente. Este Gobierno no ha parado de trabajar para salvar los obstáculos que tenemos en el Ayuntamiento. Nuestro primer compromiso fue acabar con el enchufismo. Digan lo que digan, hablen lo que hablen..., hemos cumplido. Hoy día, para trabajar en el Ayuntamiento sólo se puede hacer a través del SAE, de Servicios Sociales y bolsas de empleo. Ahí están los hechos. Estamos contratando a las personas a través de estos medios y nadie puede negar que estamos trabajando con transparencia y legalidad. Yo rogaría a partidos y personas que nos quieren hacer daño que se vayan al juzgado si no creen que es así. A día de hoy, el que quiera trabajar en el Ayuntamiento no se tiene que arrastrar a un político. Ahora existe un trato de igualdad para todos basado en los principios de transparencia e igualdad. Sabíamos que el equipo de gobierno que le metiera mano al asunto tendría problemas, pero estamos regularizando la situación. Respecto a la plantilla, no queremos perjudicar a los trabajadores, sino arreglar su situación digan lo que digan algunos.
Los temas de empleo siempre son susceptibles ante las carencias en este sentido de la población. ¿Siente alguna frustración al no poder atender las necesidades de tantos y tantos desempleados?
—Estamos conteniendo el gasto, ahorrando en fiestas y en cosas más superfluas. Sin embargo, hemos aumentado los recursos en Servicios Sociales para atender al máximo número posible de personas y familias que necesitan la ayuda de su Ayuntamiento. Hemos aumentado tanto la plantilla de Servicios Sociales como el número de contratos que efectúa. Pero todo el que entra a trabajar por Servicios Sociales tiene un informe técnico y tiene que cumplir una serie de requisitos. Ya no es el político de turno el que dice a Servicios Sociales a quién se contrata. ¿Qué ocurre?, que en Arcos son 5.400 parados y hay un límite de contratos mensuales. Todos los meses hacemos de 120 a 130 contratos y, lógicamente, no se puede atender todas las necesidades. Yo qué querría... Tampoco podemos contratar por contratar y después no pagar las nóminas.
Como es normal, esa política de contención de la que habla le pasará factura, la de bajar el ritmo de actuaciones públicas. La oposición le viene reprochando que “Arcos está parado”...
—Este Gobierno socialista no va a hacer una política populista. No hemos venido aquí a ganar las próximas elecciones, sino a gestionar el dinero público con seriedad y responsabilidad. No se puede gastar y después no pagar. No se puede hacer, por ejemplo, un campo de fútbol con recursos propios y después dejar colgado al constructor. Sólo hacemos obras de urgencia y de mantenimiento; el resto son obras subvencionadas al cien por cien por otras administraciones superiores. Lo que no vamos a hacer es perjudicar a los proveedores, a los que otros han dejado tirados. Sin embargo, este equipo de Gobierno estudia soluciones para pagar a los proveedores a los que se les debe tantísimo dinero. Ese va ser otro objetivo. En definitiva, no podemos gastar más de lo que ingresamos. Me hace gracia que la oposición ande diciendo que Arcos está parado. El anterior equipo de Gobierno ingresaba 1,4 millones de euros mensualmente y este Gobierno unos 700.000 euros, la mitad. Ahora, con la mitad de dinero, se hacen muchas cosas, se ha actualizado el pago de las nóminas, se han pagado atrasos... Eso se ha hecho conteniendo el gasto y racionalizándolo. De haber seguido el ritmo de los anteriores gestores, este Ayuntamiento estaría ahora en quiebra. Este año terminaremos de pagar tres préstamos y eso se consigue con una buena política económica.
Si bien son otras administraciones públicas las que financian las obras, tal vez, más importantes, ¿cómo definiría las relaciones institucionales del Ayuntamiento? Parece ser que se han reconducido las relaciones con la Mancomunidad...
—El Gobierno central y el PP en Madrid castigan a Arcos y a la provincia por sus diferencias políticas. No nos miran bien y esa aversión ideológica nos está perjudicando. No entiendo que Arcos y Cádiz no tengan un plan de empleo específico desde Madrid como lo tienen otras comunidades castigadas por el paro. La Junta tiene sus planes de empleo, Diputación tiene sus planes... y el Gobierno central parece no ayudar mucho para reducir el número de desempleados. La Junta y Diputación nos están ayudando tremendamente.
¿Y Mancomunidad?
—El anterior equipo de Gobierno municipal había hecho una dejación de funciones absoluta. El equipo PP-Ai-Pro pagaba a la Mancomunidad una cuota mensual de 252.000 euros y lo peor es que el municipio no percibía nada. Este nuevo equipo ha reducido en tan solo un año la cuota a 186.000 euros, y el próximo año a 100.000. Además, hemos conseguido obras de Mancomunidad como una escuela infantil en Jédula, cursos para desempleados y otros proyectos. Además, este equipo se ha hecho cargo del 30 por ciento de la deuda que teníamos con Mancomunidad.
Este año ha venido marcado no sólo por los asuntos económicos, sino también por hechos como la suspensión temporal del convenio con FCC en el servicio de recogida de basuras y mantenimiento de parques y jardines. ¿Qué balance hace?
—Ya me dirán cómo un ayuntamiento que ingresa apenas 700.000 euros, que es el equivalente de la nómina municipal, podría pagar 200.000 euros por este servicio. Algo teníamos que hacer. La solución era subir el recibo de la basura para pagar el canon, subir el recibo de 19,50 a 74 euros. Este equipo de Gobierno no estaba dispuesto a que el ciudadano pagara esa gestión. El convenio era legal y ya estaba firmado, pero hemos dialogado con la empresa para explicarle la situación, como también le hemos explicado que no subiríamos el recibo de la basura. El acuerdo de suspensión es temporal, y aprovecho para agradecer a la empresa su comprensión. Si la situación económica mejora, tendremos que responder al acuerdo inicial, pero por lo pronto no es así y hemos logrado no subir el recibo a los ciudadanos.
¿Qué percepción tiene en líneas generales del trabajo de las distintas delegaciones municipales?
—Estamos reorganizando el trabajo. Mi compañera María José González está realizando una labor tremenda porque había mucha descompensación económica en el Ayuntamiento. La reorganización interna está dirigida a mejorar los servicios públicos y a crear otros que antes no existían. De hecho, hacemos la reorganización interna ofreciendo las plazas a los trabajadores del Ayuntamiento en igualdad y legalidad. Antes se hacían cambios de destino una y otra vez y nadie decía nada. Ahora se hace legalmente. Qué curiosas son las protestas de algún sindicato, algún día explicaré de dónde vienen.
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