El Sindicato Independiente de la Policía (SIP) salió ayer en defensa del servicio que presta el cuerpo a la ciudadanía después de que se hiciera público que a lo largo del año se ha reducido a la mitad el número de multas impuestas frente a los datos de 2015, lo que invita a ser entendido como una medida de presión al Gobierno local a consecuencia del nuevo plan de ajuste.
En este sentido, desde el SIP aclaran que “las denuncias se formulan en función de las necesidades que surgen durante el servicio y no son un cupo a cumplir”. Además, añaden que la Policía local “tiene otras muchas funciones y realiza numerosos servicios de otra índole, y no todo se reduce a poner multas como algunos piensan”.
Del mismo modo, y toda vez que desde Diputación se ha advertido al Ayuntamiento de la reducción de ingresos registrada en el capítulo referente a las sanciones de la Policía local, desde el SIP ya advierten que no esperan que sus mandos policiales tengan que recibir “instrucciones políticas para incrementar el número de multas como medida de recaudación pura y dura”. Además, añaden que “el político de turno sabe que no puede usar las multas como una herramienta meramente recaudatoria para cumplir con sus objetivos de ingresos”.
Con respecto al descenso de casos de retirada de vehículos de la vía pública por el servicio de grúa, el sindicato policial recuerda que es un servicio que “funciona atendiendo requerimientos ciudadanos, pero nunca se debe usar indiscriminadamente contra el ciudadano con la única finalidad de alcanzar una cota de ingresos -la concesionaria encargada de gestionar el servicio apuntaba en la información publicada ayer que en los últimos cuatro meses han pasado de retirar entre 15 y 17 coches diarios a dos o tres-.
Por otro lado, el SIP espera que el descenso en ingresos por multas no se use como una “amenaza” de cara a nuevos “recortes retributivos a la plantilla municipal”.
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