La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha subrayado este jueves que la reforma del impuesto sobre sucesiones entrará, en lo relativo a la vivienda habitual y las explotaciones agrarias, entrará en vigor a finales de julio o en agosto; mientras que lo referente a las exenciones lo hará con la ley de presupuestos del próximo ejercicio, que será debatida en el Parlamento andaluz en los meses de septiembre u octubre.
Así lo ha dicho la responsable de Hacienda andaluza en sendas respuestas a preguntas formuladas por PP e IU en la sesión de control al gobierno en el Parlamento andaluz, cuando ha detallado que el Ejecutivo aprobará este mes de julio, antes del periodo estival, el decreto ley para la reforma de lo referente a la vivienda habitual y las herencias de parcelas y explotaciones agrarias y que, como tal, entrará en vigor en ese mismo momento, de modo que la reforma del impuesto estará lista en la fecha con la que se había comprometido el Gobierno.
Montero ha defendido así el cumplimiento de los plazos previstos después de que el portavoz del PP José Antonio Miranda hubiera apuntado a que esa primera reforma no estaría en funcionamiento hasta 2017 y acusara al Gobierno de incumplir los compromisos y de "prácticas dilatorias".
Más allá de los tiempos, la consejera también ha defendido que la reforma es "equilibrada" porque "permite aligerar la carga de quienes tiene una renta inferior" pero sigue gravando a quienes tienen una renta mayor o reciben un mayor volumen de herencia.
Además, la responsable de Hacienda ha subrayado que la Junta no comparte la reforma que proponía el PP-A de "eliminar el impuesto" y ha aprovechado su intervención para recordarle a los 'populares' que "tenían la posibilidad de haberlo suprimido desde el Gobierno central" pero "son cicateros y no lo han eliminado por no compensar a las comunidades autónomas", ha añadido.
125 MILLONES DE EUROS
Por otro lado, en respuesta a la portavoz de IULV-CA Elena Cortés, Montero ha expuesto algunos de los detalles de la reforma del impuesto, como las flexibilizaciones en los años de convivencia cuando se trata de una herencia de una vivienda o en las explotaciones agrarias para quienes se comprometan a seguir explotándolas, que entrarán en vigor en este 2016; o las que lo harán en 2017 relativas al mínimo exento, que se eleva de 175.000 a 250.000 y además, con aplicaciones adicionales hasta los 350.000 euros.
Montero ha concluido señalando que, en su totalidad, estas medidas suponen 125 millones de euros en detrimento de la hacienda pública andaluza pero que la reforma es "progresiva, justa y social". Sin embargo, Cortés ha dudado de esa cualidad de "social" al considerar que "se podrían haber subido los tramos del resto de impuestos".
Además, la diputada ha expuesto que si a esos 125 millones de euros se suman los 120 que las arcas andaluzas dejan de recibir por el IRPF dan un total de 245 millones de euros que "hacen bastante más falta" en las partidas para políticas sociales y para combatir la desigualdad.
Cortés ha concluido su intervención afeando que con esta reforma el Gobierno andaluz haya optado por beneficiar a una parte del tres por ciento de la población que tributa cuando hereda. "Lo que hacen con esta rebaja es favorecer a los que ya están favorecidos, la reforma solo va destinado a la población más rica de Andalucía", ha zanjado.
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