La Junta cedió este martes a la presión social y, fiel a lo anunciado hace 15 días, dio el visto bueno a un plan que pone plazos y presupuesto a la retirada progresiva del amianto de los centros escolares repartidos por la comunidad. La petición, avalada por informes de la Organización Mundial de la Salud y recomendaciones del Parlamento Europeo, fue animada por el sector educativo, desde padres de alumnos a sindicatos, y tomó tanta fuerza antes del cierre del curso que se tradujo incluso en huelga en las aulas de varios colegios.
Con esos precedentes dio luz verde el Consejo de Gobierno al plan de actuaciones. Y ello pese a que la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, hablaba hace apenas 15 días de mera “polémica electoralista”. La eliminación de la sustancia -con efectos cancerígenos y adosada a suelos, techos o tuberías en construcciones que se remontan a los años 60 o 70- provocó además una sonora bronca política el mes pasado al cerrar la puerta el PSOE y C’s a una propuesta legislativa de Podemos que exigía su eliminación urgente. Aquella iniciativa de la oposición la toma ahora el Gobierno.
Prohibido su uso en las construcciones desde 2002, el amianto de los centros escolares desaparecerá por fases entre este año y 2022. Se logrará gracias a una inversión en dos etapas que rondará los 60 millones: una primera hasta 2020 movilizará 40 millones para actuar en instalaciones educativas afectadas, desde colegios e institutos hasta escuelas de idiomas o de enseñanzas artísticas. En los dos años siguientes se utilizarán los otros 20 millones.
El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, incidió ayer en que la aprobación del plan no debe ocultar que, en realidad, “no hay ninguna situación de riesgo” porque el amianto sólo es peligroso si se manipula. Andalucía será pionera en su erradicación adelantándose en seis años al plazo fijado por la UE, que apunta como tope a 2028.
La Junta calcula que en toda la comunidad podrían sobrevivir aún unos 22o centros (el 3% del total) con materiales que contengan amianto, localizado en un 95% de los casos en cubiertas. Sólo en este año se acometerán por vía de urgencia hasta 30 intervenciones. Esos trabajos, como los que se emprendan en el futuro, no interrumpirán el calendario escolar.
La Oficina Antifraude de Podemos, vetada
Como ya ha ocurrido a lo largo de la legislatura, el Consejo de Gobierno negó también este martes la toma en consideración de una propuesta legislativa de Podemos, que en este caso pretendía crear una Oficina de Prevención contra el Fraude y la Corrupción. Entre los motivos, su coste (3,1 millones) y que invadiría competencias de Hacienda, Justicia y los Cuerpos de Seguridad.
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