La Delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una inspección en las instalaciones del vertedero municipal de Jaén. En concreto, la inspección que los técnicos de Medio Ambiente llevaron a cabo la semana pasada trata de analizar la posible contaminación de las balsas de fluidos orgánicos del vaso dos del vertedero, que fue el motivo de la querella presentada el mes pasado por la Fiscalía contra la empresa FCC, que es la concesionaria que gestiona estas instalaciones.
Mientras tanto, el delegado territorial de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega, insistió ayer en que el tiempo de vida del vaso tres del vertedero municipal (el único en activo) “no va más allá del mes de agosto”. Se plantea, por tanto, el problema de qué ocurrirá con los residuos a partir de esa fecha, por cuanto el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Diputación para utilizar el vertedero provincial no entrará en vigor al menos hasta el mes de septiembre, tal y como admitió la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra. El acuerdo prevé que la Diputación asuma el cobro de una nueva tasa que deberá crear el Ayuntamiento de Jaén para el tratamiento y eliminación de las 54.000 toneladas de residuos que genera cada año el vertedero, mientras que la tasa p de basura, propiamente dicha, la seguirá gestionando el Ayuntamiento.
Hay que tener en cuenta que la Delegación de Medio Ambiente ha enviado varios requerimientos a FCC para adoptar las medidas correctoras en el vertedero municipal y evitar los focos de contaminación. La empresa concesionaria, por su parte, ha presentado hasta 4 recursos contra la propuesta de sanciones que superan el millón y medio de euros.
Medidas correctoras
El Ayuntamiento de Jaén, a través de un decreto de alcaldía fechado el 6 de junio, requirió a FCC Medio Ambiente, concesionaria del vertedero municipal, para que en el plazo de 15 días acometiera el sellado del vaso dos del vertedero y su anexo así como medidas correctoras requeridas por la Delegación Territorial de Medio Ambiente.
Sin embargo, hasta la fecha, el Consistorio, que actuó así tras la querella de la Fiscalía, no ha informado sobre el cumplimiento de esas medidas por parte de la empresa que gestiona el vertedero.
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