El ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa de los ERE, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar por ocho ayudas a ayuntamientos y empresas, que suman 2,6 millones de euros, tras intentar suspender la comparecencia.
Con carácter previo a la comparecencia, el abogado de Guerrero ha solicitado la suspensión basándose en lo ocurrido con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ha pedido ser apartado del resto de las investigaciones sobre ayudas sociolaborales o a empresas tras ser procesado en la pieza política de los ERE.
La Fiscalía Anticorrupción y los abogados de la Junta de Andalucía se han opuesto a la petición del abogado de Guerrero de suspender la comparecencia, han informado a Efe fuentes judiciales.
La titular del juzgado de instrucción 6, María Núñez Bolaños, por su parte, ha dicho que la solicitud de Guerrero es diferente a la del exconsejero, que presentó alegaciones mientras que el ex director general no lo ha hecho.
"No existe petición en el mismo sentido y no ha lugar a la suspensión", ha indicado la juez, lo que ha motivado la protesta del abogado de Guerrero.
Posteriormente, la magistrada le ha concedido la palabra al ex director general, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, y la juez ha dado por concluida la comparecencia.
La juez investiga los presuntos de delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación que habría cometido Guerrero en la concesión de las ayudas a cinco ayuntamientos y tres empresas por distintos conceptos.
Las ayudas fueron para los ayuntamientos de La Barca de la Florida, Chiclana de la Frontera, La Puebla del Río y Camas, para las empresas Novomag, Bética Industrial y Centro de Limpieza Industrial Huévar y a los Juegos del Mediterráneo.
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