El Ministerio Público ha pedido que se condene al pago de multas, por un total de 2.100 euros, a un hombre, al que considera autor de un delito de desordenes públicos y de una falta de respeto de consideración debida a la autoridad, de carácter leve, por haber insultado y amedrentado con un cinturón al que fuera alcalde de Bujalance (Córdoba) en 2012, el andalucista Francisco Mestanza, al exigirle un empleo.
Según recoge la calificación fiscal, a la que ha accedido Europa Press, los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2012, cuando el acusado acudió a la sede el Ayuntamiento de Bujalance, cuando el alcalde prestaba el "servicio de audiencia a los ciudadanos" y, una vez llegado el turno del acusado, éste entró en el despacho oficial del alcalde "y sin cerrar la puerta se dirigió a éste en alta voz, manifestándole que tenía que darle trabajo ese mismo día y en la localidad de Pedro Abad".
Ante tales exigencias el alcalde trató de apaciguarlo, dándole razones de la imposibilidad de su petición, llegando en ese momento la concejala de Festejos, que aconsejó que comprobara si estaba empadronado en el municipio, al ser esto un requisito indispensable. El acusado salió entonces del despacho "vociferando e imprecando insultos a todos los miembros de la Corporación al tiempo que, desabrochándose un cinturón de pinchos que llevaba atado a la cintura, lo esgrimía contra quien se cruzaba y golpeaba todo lo que a su paso se encontraba, por las distintas dependencias municipales por las que pasaba, amedrentando a los funcionarios y personal que estaba trabajando en la sede municipal".
Esto motivó que los empleados municipales "se encerraran en el despacho de la secretaria, cerrando por dentro con llave, haciendo lo mismo los concejales y la teniente alcalde", mientras que el acusado "trató de subir de nuevo, cinturón en mano, a la planta donde se encuentra el despacho oficial del alcalde, al tiempo que seguía increpando al alcalde, insultándole y diciendo que "no valía para nada" y que le iba "a demostrar" que estaba "empadronado" en Bujalance, "si
bien agentes de la Policía Local le impidieron el paso".
Según el fiscal, el acusado determinó con su forma de actuar que durante la mañana del 9 de octubre de 2012 se paralizase la actividad del ente público, aunque sin que constara que se produjera ningún tipo de daño o deterioro en los enseres y dependencias municipales, dándose la circunstancia de que el acusado ya fue "condenado por sentencia firme" en 2010 por un delito de trafico de drogas a año de prisión, aunque la pena fue suspendida por período de cuatro años, "habiéndosele notificado la suspensión al acusado" en mayo de 2012.
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