Dicen que del silencio nace la quietud y de ésta la paz.
Este silencio pertenece a aquella parte de nuestras facultades más ensoñadoras que nos posibilita abstraernos del ´ruido´, aquél que el artista canario Bosco describiera en la canción del mismo título, pasando a formar parte del coste de la vida que llamamos moderna y cuyo precio, en alza, está llegando a límites insospechados.
Cuánto ruido hay. Ruido de motores, ruido de sabores, ruido, ruido, ruido….
Asomarse a la definición de ruido de la Real Academia Española es todo un ´mapa´ de despropósitos que el más cuerdo no querría para sí ni a kilómetros de distancia.
Desde la in-articulación del sonido que lo hace desagradable, hasta las pomposas declaraciones públicas de tantos adeptos a la palabra que tenemos hoy día en nuestros candidatos políticos, ofreciendo apariencia de grandeza en medio de litigios, pendencias, alborotos o discordias, para luego en plató darse la mano acarameladamente, el proceso de comunicación suele ser siempre interrumpido por el ruido.
Frente a todos estos ruidos, surge su antónimo, surge el silencio, que como ausencia o falta de ruido, cual necesaria pauta musical en una partitura de Mozart, nos suele acercar a momentos de idílicas caminatas por los bosques, la evidente e inconmensurable tranquilidad de los claustros o aquél silencio de la noche en el que todo parece más humano.
Sin embargo existe un silencio conceptualmente único y que ha sido incluido dentro de la Ley como procedimiento de las Administraciones Públicas, cuyo resultado en muchas ocasiones resulta contrario a la paz, tanto personal como colectiva: El silencio administrativo.
Éste es un silencio ´raro´, cuyos límites en positivo o negativo no acostumbra a ofrecer acuerdo a quienes desde el derecho que les asiste a pedir información, explicaciones o formular reclamaciones ante su Ayuntamiento en lo que pudiera concernir a asuntos particulares o colectivos, queda pendiente de respuesta.
La Ley, muy a menudo, se olvida de que el ciudadano no es, ni tiene por qué ser, doctorado en leyes, ni versado en el arte de la interpretación lingüística que supone adentrarse en las paráfrasis legislativas a la hora de relacionarse con quien está a su servicio. Si bien, es verdad que uno de los apartados que también especifica la Ley en la relación que se establece con nuestras administraciones, deja bien claro, en términos más cercanos, cuál debe ser el proceder hacia el ciudadano de quienes le representan: “A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”(Art. 35 -Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Respeto y deferencia son dos palabras perfectamente entendibles que ponen en valor amplios márgenes de discusión respecto a la manera en que se concibe el silencio administrativo y todo su controvertido y habitual procedimiento,el cual, normalmente, suele ser más para la decepción y encono subsiguiente del interesado/da/dos, que para la resolución de los conflictos, peticiones, ruegos y preguntas que habitualmente quedan en el limbo de los justos o desaparecidos.
Ese respeto y deferencia que como derecho debería atenderse prioritariamente en un servicio de carácter público como lo es la Administración Local dependiente de los Órganos de Gobierno municipal, no se da en aquellas ocasiones (diríamos, habituales) en las que las peticiones, reclamaciones o solicitudes quedan, además de en aquél limbo, ninguneadas, desatendidas, en mora, o simplemente olvidadas en el legajo de asuntos políticamente poco rentables o personalmente desechables por no tener el carnet correspondiente.
Estamos en tiempo de elecciones y a todos se les llena la boca de eufemismos con sabor a miel, lindas prebendas en forma de promesas que no cumplen en su actual y vigente gobierno, anuncios de cambio sin darse cuenta que el cambio comienza por hoy mismo(por ayer), que ya iba incluido en su postulado de partido y que sería norma obligatoria en el trato al ciudadano desde que empezó la democracia en España.
Estamos en época de elecciones y no nos damos cuenta que en el día a día, no se cumple lo que ya se está prometiendo para el futuro como algo nuevo, distinto. En realidad, suele ser ruido.
Aquél silencio frio y distante predomina, cuando desde nuestra Administración Pública no se atiende al ciudadano como corresponde, máxime si falta RESPETO y DEFERENCIA (junto al sentido común – añadiríamos) en el trato puntual, correcto y justo: Rompiendo el SILENCIO y resolviendo lo demandado.
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