El consejo de administración de la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense, ha debatido este jueves el papel de esta empresa como socio mayoritario de Aparcamientos Urbanos de Sevilla S.A. (Aussa), a cuenta de un informe de la Intervención que detectaría "contradicciones de procedimiento" por las actividades de Aussa fuera del término municipal de la ciudad hispalense.
Según han informado a Europa Press fuentes de IU-CA, ya el viernes pasado, Participa Sevilla solicitó que el orden del día de la sesión programada para este lunes del consejo de administración de Tussam incluyese un punto sobre este asunto, si bien según la coalición, dicho punto no fue incluido en el orden del día.
No obstante, los representantes de Participa, IU-CA y CCOO en el consejo de administración de Tussam han solicitado, verbalmente, que se debatiese el asunto, accediendo finalmente a ello la concejal socialista Carmen Castreño, como presidenta de la empresa municipal. En ese sentido, el consejo de administración habría debatido, aunque sin documentos ni alcanzar acuerdo alguno, el contenido del citado informe de la Intervención que señala "contradicciones de procedimiento" u "anomalías", al ostentar la sociedad municipal Tussam el papel de accionista mayoritario de una empresa que desempeña actividades fuera de la ciudad.
En ese sentido, tanto IU-CA como Participa Sevilla han alertado de que Carmen Castreño habría revelado que ante la citada incidencia, el PSOE apuesta por "vender" las acciones de Tussam en Aussa, toda vez que actualmente, la sociedad municipal controla el 51 por ciento del capital social de Aussa.
"PRIVATIZACIÓN"
A partir de ahí, Julián Moreno, concejal de Participa Sevilla, ha mostrado la "total oposición a una nueva privatización en el Ayuntamiento y las consecuencias que todo esto pueda traer para la gestión de la movilidad en la ciudad". Participa ratifica así su total oposición a la venta de las acciones municipales y apuesta por que la empresa se desprenda de activos y proyectos que tiene fuera de Sevilla. "Nuestro acuerdo de investidura con el PSOE apostaba por la remunicipalización de los servicios públicos, no por continuar la senda de las privatizaciones", ha concluido Moreno.
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, de su lado, también se ha opuesto a la venta de las acciones, lamentando que el PSOE "ya tenga tan claro que quiere desprenderse de ella vendiendo sus acciones". Las palabras de Castreño, según Rojas, revelan "la cara más neoliberal" del PSOE sevillano que, al igual que el PP, es partidario de "privatizar las empresas públicas con beneficios y socializar las que dan pérdidas".
"No vamos a consentir un pelotazo a costa de Aussa, que debe seguir siendo un instrumento al servicio de las políticas públicas de movilidad de nuestra ciudad", ha insistido González Rojas. Finalmente, el portavoz de IU ha subrayado la apuesta de su grupo político por la remunicipalización total de este servicio, al tiempo que ha incidido en la necesidad de derogar cuanto antes la reforma local del PP, "que es la que está poniendo en riesgo el futuro de esta empresa pública y los puestos de trabajo de la plantilla".
LAS POLÍTICAS DE MOVILIDAD
Carlos Aristu, secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, ha dicho en ese mismo sentido que desprenderse de las acciones de Aussa "significaría vender capital social de una empresa que genera beneficios económicos anualmente y que debe seguir siendo un instrumento al servicio de las políticas públicas de movilidad de nuestra ciudad".
El informe de la Intervención, según Aristu, debe motivar la "inmediata discusión en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla acerca del procedimiento a seguir para ajustarse a la legalidad administrativa", pero en ningún caso debe servir "de excusa para transferir un instrumento de gestión pública de aparcamientos para que se convierta en puro negocio privado".
"La gestión de aparcamientos y el estacionamiento regulado es una materia enormemente sensible para la ciudadanía y la defensa de intereses generales, como para dejarla en manos de empresas privadas. No vamos a permitir un pelotazo de este tipo", advierte el Aristu, que ha mostrado también su preocupación por el futuro de los más de 100 trabajadores y trabajadoras que tiene la sociedad en este momento.
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