Un juzgado de Sevilla ha admitido la querella presentada por un padre de origen cubano por la presunta falsificación de documentos públicos en el proceso de retirada de sus cinco hijas por parte de la Junta de Andalucía, que se produjo hace tres años.
La denuncia también se ha presentado en el juzgado de instrucción 19 de Sevilla por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y estafa procesal, que se habría producido cuando la Junta le retiró la custodia y la patria potestad de sus hijas a Rigoberto Artiles, cuya mujer está en paradero desconocido.
De las cinco hijas, de entre 19 y 9 años, una con 18 años vive ahora con su padre y otra no quiere hablar con su progenitor, y las cuatro están repartidas en centros de acogida de Sevilla y Bormujos, localidad del área metropolitana de la ciudad sevillana, según ha explicado el afectado en rueda de prensa junto a su abogado Luis Romero.
El padre, tras más de una hora de rueda de prensa, ha admitido que en 2004 fue condenado por malos tratos en el ámbito familiar y ha añadido que desde el 5 de agosto de 2014 no puede ver a sus hijas porque se lo impide la Junta.
El abogado ha subrayado que la Junta, cuando la familia le pidió ayuda porque la mujer tenía problemas de depresión e intentos de suicidio, en vez de concederle respaldo social, psicológico y económico, "se llevó a las niñas" a pesar de que el padre tiene un trabajo como vendedor de aceite de oliva.
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