La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Jaén recibió presiones por el caso de la permuta de un terreno municipal en cuyo proceso figuran en calidad de investigados el actual concejal de Personal, Miguel Contreras, entonces edil de Hacienda y Patrimonio; el propietario del local objeto de la permuta y un técnico municipal, según el decreto que la Fiscalía de Jaén emitió el pasado mes de mayo.
Según fuentes cercanas a la investigación, la UDEV recibió “órdenes” de mandos superiores, a sugerencias de la Administración central, para actuar de forma distinta a la que se había llevado en otros casos. Así las cosas, la investigación que llevaban a cabo los miembros de la UDEV se ha cerrado, y el caso queda ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, cuya titular es Carmen Ballesteros.
También ha llamado la atención que ninguno de los tres investigados haya sido detenido, siquiera de forma provisional, como sí ha ocurrido en el caso de los cursos de formación con la que fuera directora del SAE, Irene Sabalete, el caso EDU, o recientemente con dos altos cargos de una entidad financiera. La mayoría de ellos sí pagaron la conocida como “pena del telediario”, algo que no ha ocurrido en el caso de la permuta. No obstante, fuentes de la Audiencia Provincial justificaron la no detención de ninguno de los investigados en el hecho de tratarse de “personas sobradamente conocidas y con el domicilio perfectamente identificado”.
Tras la apertura de diligencias de investigación penal de la Fiscalía, a raíz de la denuncia recibida desde Izquierda Unida y otras anónimas, el Ministerio Público remitió al Juzgado Decano de Jaén las citadas diligencias solicitando la declaración de los tres investigados y de otras siete personas como testigos, entre ellas varios técnicos municipales y el que fuera concejal de Mantenimiento Urbano en el pasado mandato, Manuel del Moral Negrillo.
VIVA JAÉN se puso en contacto ayer con la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén, desde donde desmintieron cualquier injerencia de la Administración central en este caso. De hecho, informaron de que “el subdelegado no tiene competencias para ordenar o parar una investigación”, ya que eso le compete “excluvivamente a la Justicia”.
El Ministerio Fiscal fechó la diligencias del caso el 23 de mayo, dándole traslado al Juzgado Decano, aunque finalmente, según fuentes de la Audiencia, es el Juzgado de Instrucción número 4 el que se ocupa ahora del caso.
Evitar una subasta pública
La investigación de Fiscalía se abrió tras dos denuncias anónimas en el mes de enero, a las que se sumaron las de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Jaén y el Grupo Municipal Socialista, realizando una serie de alegaciones. En su informe, Fiscalía es clara sobre el objeto de la permuta: “Se deduce que se trata de una compraventa encubierta que se ha tramitado mediante un expediente de permuta para obviar la venta en subasta pública de un bien inmueble”. “Está claro pues desde el principio el interés de un particular”.
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