El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha pedido a la juez María Núñez Bolaños que, tras ser procesado en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos, sea "apartado" de "todas y cada una de las investigaciones que sobre ayudas sociolaborales o directas a empresas se acordó desarrollar y están iniciadas".
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, solicita además a la magistrada que su patrocinado no sea incluido en ninguna de las nuevas piezas o diligencias que en el futuro pudieran incoarse.
Hay que recordar que, en un auto dictado el pasado 31 de mayo, el juez Álvaro Martín procesó en la pieza del procedimiento específico de los ERE a 26 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el propio Antonio Fernández y los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
A juicio del letrado, Antonio Fernández, "como aquellas personas en su misma situación, no puede ser investigado ni puede ser enjuiciado más que una sola vez por hechos que presentan una obvia identidad de objeto y fundamento".
El abogado considera que "la lógica" de la división en piezas del caso ERE acordada en julio de 2015 por la juez Núñez "pasaba por examinar separadamente, de un lado y en primer lugar, el procedimiento específico y, de otro, las consecuencias dispositivas del mismo", pero opina que el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo "tiene como uno de sus primordiales efectos el de vaciar de contenido y dejar sin efecto aquella proyectada división".
Y es que, según expone, el auto del juez Álvaro Martín "deja definitivamente delimitado desde la perspectiva objetiva dicho procedimiento en términos de alejarse de aquella delimitación tal y como fue inicialmente concebida", pues pasa de investigar un presunto delito de prevaricación a indagar también una malversación de caudales públicos.
De este modo, el auto de 31 de mayo "desborda netamente" aquella delimitación que se ceñía a la "eventual naturaleza prevaricadora" del procedimiento específico al incluir en su objeto "los hechos conectados a la aceptación de las consecuencias de ese procedimiento, es decir, los hechos relacionados con la disposición de fondos públicos".
Al hilo de ello, el abogado del exconsejero recuerda el principio de legalidad penal recogido en la Constitución Española y por el que "se designa la prohibición de sancionar más de una vez un mismo hecho ilícito".
Estos son los argumentos que, de forma verbal, expuso el letrado el pasado 14 de junio para pedir la suspensión de la declaración de su patrocinado por la ayuda de 30.050,71 euros que concedió en 2003 la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) para la II Feria de Muestras y Artesanías.
En esa comparecencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de acusaciones se opusieron a la petición de suspensión de la declaración, no obstante lo cual la juez accedió a suspenderla para responder por escrito al planteamiento del letrado.
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