“Cada vez que oigo decir que el Senado no sirve para nada y habría que cerrarlo se me abren las carnes porque me da por pensar ‘pues anda que como un día miren en Canal Sur...”. La sentencia, a medio camino entre la ironía y la resignación, sale de boca de un empleado de la televisión pública de Andalucía, de los que pintan canas e incorporado a la plantilla poco después de aquella primera emisión de febrero de 1989. Habla de “hastío” y desde el anonimato porque “aquí se heredó hasta sus últimas consecuencias aquello de Alfonso Guerra de que quien se mueva no sale en la foto”.
El ente público que difunde su señal a toda Andalucía camina hacia su 30 aniversario con síntomas de anquilosamiento. Los sindicatos denuncian “falta de rumbo” y el último escándalo, que se ha llevado por delante a todo un director de Antena como Antonio Ramírez, no ha hecho más que pulsar el penúltimo botón de alarma. El resto de ingredientes lo aportan el escoramiento histórico en forma de servilismo hacia el PSOE denunciado de forma incesante por la oposición, un consejo de administración no renovado -y sin intención de abordarse- desde tiempos pretéritos o una parrilla de programación discutible que se ha traducido en una caída vertiginosa de audiencia.
La Radio Televisión de Andalucía (RTVA), fruto de la fusión forzada por el Gobierno autonómico de Canal Sur TV y Radio, arrojará este año unas pérdidas de 27 millones de euros. Todo ello después de las inyecciones de capital de casi 165 millones que recibirá durante este ejercicio para sobrevivir, llámense transferencias, subvenciones o aportaciones a su Fondo Social. El día a día lo afronta con una plantilla cercana a los 1.500 trabajadores, que absorben 85 millones. Hasta ahí las cuentas, ahora el menor de los problemas porque incluso han mermado respecto a épocas mucho más boyantes.
El terremoto lo provocó hace unas semanas la destitución fulminante de Antonio Ramírez, una figura clave en Canal Sur, que hacía y deshacía en las contrataciones audiovisuales con productoras y vinculado a Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves en tiempos ahora lejanos. El juez Santiago Pedraz le señala por haber emitido facturas dudosas de un restaurante de su propiedad a Ausbanc, en teoría por comidas, pero que se interpretan como una presunta compensación por autorizar que el ente público pagase la nada despreciable cifra de 135.000 euros a Agroeditora, propiedad de Luis Pineda, a cambio de unas galas infladas que se llegaron a emitir de madrugada.
“Esa destitución es un ejemplo más de que no hay un proyecto sobre la mesa. Hay un descontrol absoluto. Seguro que no se trata de un tema de corrupción instaurada, sino de que se permite que determinada gente pueda hacer lo que quiera”. La queja la expresa a Viva Pedro Corrientes, secretario general de CCOO en la RTVA. Dice canalizar la voz de una plantilla “quemada y hastiada” por una “gestión nefasta”.
Interinidades
La polémica en torno a Ramírez dejó el mes pasado dos declaraciones contradictorias en el Parlamento de Joaquín Durán, otra figura contestada en Canal Sur. Ejerce como número uno de forma interina desde hace años, cuando Pablo Carrasco, ahora productor nacional de éxito, se marchó y dejó el puesto vacante. “En realidad no hay director general, sino que se eligió a Durán con el mensaje de ‘aguanta’ y ahí sigue”, denuncian los sindicatos. Acudió al Parlamento y defendió los contratos con Ausbanc, pero luego tuvo que enmendarse a sí mismo y lamentar por “desconocimiento” la gestión del director cesado.
Y como guinda, un consejo de administración que aún representa la correlación de fuerzas de hace dos legislaturas y en los que, por tanto, no están sentados C’s ni Podemos. La ley dice que la renovación depende del Parlamento, pero “al PSOE no le da la gana, el PP protesta pero está cómodo, IU se conforma con lo que tiene y C’s en el fondo lo que busca es cerrar Canal Sur”, denuncia CCOO. El proceso está congelado.
La plantilla se siente "agredida"
Aunque sobre ella pesa la etiqueta de “clase privilegiada” en una profesión zarandeada por la crisis, la plantilla de la RTVA se declara “hastiada”. Por los recortes de hasta 300 puestos, por la externalización del pasado para favorecer a productoras o por presiones políticas. Con el caso de Ramírez se ha dicho basta. “Los trabajadores se han negado a que el escándalo se asocie a ellos. Se sienten agredidos desde dentro, y ahora desde fuera, y cansados de que se les denoste”, protesta Corrientes.
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