Hasta hace siete años, el CEIP San Miguel de Arcos vertía directamente sus aguas residuales al río Guadalete, así como otros edificios contiguos. Para ello, la tubería cruzaba la carretera de Debajo de la Peña y después dos bloques de viviendas propiedad del parque público de la Junta de Andalucía. Esta situación, teóricamente, se corrigió hace siete años cuando los dos bloques de viviendas fueron demolidos por su estado de deterioro y sustituidos por uno de nueva construcción.
Las 24 familias inquilinas de las viviendas de la Junta (barriada San José) fueron obligadas de alguna manera a asumir los costes de mantenimiento y de electricidad de un pozo de bombeo que tuvo que ser construido para recoger sus aguas residuales. Sin embargo, a raíz de esa obra tanto el CEIP San Miguel como el edificio anexo conocido como San Miguelito, que es la sede del ciclo de Cocina del IES Alminares, conectaron sus tuberías de aguas residuales al pozo de los vecinos, con el consiguiente problema añadido de falta de capacidad.
Hace un tiempo, y en plena faena de limpieza del pozo, los vecinos comprobaron cómo flotaba entre la porquería bolsas de chuchería, toallitas y otros desechos propios de un colegio. A partir de ahí, y tras una investigación dirigida por la oficina del defensor de la Ciudadanía de Arcos, pudieron comprobar cómo, efectivamente, ambos centros educativos tenían conectadas sus redes de saneamiento a la de las viviendas; situación que admite claramente la empresa concesionaria en la ciudad del servicio de suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales, Aqualia, ya que un informe que obra en poder de los vecinos así lo atestigua. Además, este pozo de bombeo admite las aguas pluviales de toda la zona de San Miguel, cuya evacuación, teóricamente, corresponde al Ayuntamiento. Los vecinos pagan casi 70 euros mensualmente por el mantenimiento del pozo y, claro está, lo único que piden es que los colegios compartan el gasto y que se les devuelvan las cantidades de los últimos siete años que hayan pagado de más.
Al margen de la presunta injusticia económica, el volumen de trabajo del pozo viene ocasionando olores muy desagradables a unos metros del edificio de viviendas, que están habitadas en casi todos los casos por personas mayores e incluso enfermas, amén de otros problemas de humedad que dan la cara en la planta baja del inmueble. No obstante, este edificio, como tantos otros de todo el centro urbano de Arcos, también podría estar afectado por los deslizamientos del terreno de la ladera oeste de la ciudad.
Al conocer la situación de los vecinos, el alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín, que apenas lleva un año ostentando el cargo, se comprometió a mediar ante la Junta de Andalucía y buscar una solución, tal vez por vía de urgencia. La solución podría ser la reubicación del pozo en otro lugar más alejado de las viviendas, aunque de momento no existe proyecto de obras.
La mediación
Desde la oficina del defensor de la Ciudadanía, su titular, José Antonio Salas, asegura que, una vez puesto el problema en conocimiento del alcalde y tras la investigación realizada para comprobar estos hechos, su trabajo ha terminado, al tiempo de mostrarse convencido de que sus gestiones darán su fruto en breve.
Desde la comunidad de propietarios del bloque de viviendas afectado aseguran que la bomba del pozo se avería con frecuencia, por lo que tienen que recurrir a una empresa privada para realizar los trabajos de montaje, además de que los propios vecinos tienen que limpiar la instalación con sus escasos medios también con gran frecuencia.
Asimismo, manifiestan que se sintieron obligados a firmar estas responsabilidades ante la antigua Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) por el temor a que los inmuebles fueron adjudicados a otros aspirantes y no a ellos, que fueron inquilinos de los dos bloques anteriormente demolido y que por tanto tenían más derecho.
Además, apuntan que han venido pagando un alquiler “muy caro”, aunque las últimas medidas aprobadas por la Junta de Andalucía les rebajarán la cuota en un 40 por ciento.
Declaraciones
El alcalde, Isidoro Gambín, ha señalado que se buscará la solución lo antes posible y que ya ha comunicado esta situación a las administraciones competentes, para que, después, el propio Ayuntamiento recepciones las obras que se acometan. Pero sobre todo ha considerado “injusto” que los vecinos paguen el gasto eléctrico derivado de la utilización del pozo de bombero al servirse del mismo dos colegios y el propio Ayuntamiento. El regidor ha aprovechado para enaltecer la figura del defensor de la Ciudadanía a la hora de transmitir a la administración las quejas e inquietudes de los ciudadanos.
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