Retomo este título prestado de un comunicado emitido por Derechos Humanos hace un mes. En aquél comunicado denunciábamos la multa impuesta a un vecino de Cádiz por difundir en la redes sociales imágenes del momento en que la Policía Local retiraba la mercancía a un vendedor de pescado que se resistía con desesperación a la pérdida del género con el que pensaba conseguir unos euros con los que sacar adelante a su familia.
Las posteriores declaraciones del alcalde de Cádiz en las que, aun reconociendo que la Policía Local había actuado correctamente, al amparo de las normativas vigentes, dijo que “entre la denuncia y una persona que se busca la vida, me quedo con quien se busca la vida”, han levantado una polvareda mediática sobre todo por la airada e insólita reacción de los sindicatos de la Policía Local.
Ambos hechos debieran llevarnos a varias reflexiones. La primera se refiere -y esto se ha obviado en la polvareda levantada- al hecho de que centenares y quizás miles de personas tienen que recurrir en Cádiz a estos trabajos clandestinos para poder salir adelante con su familia. Deberíamos preguntarnos por qué se cronifica la pobreza, la marginación y la economía sumergida en la provincia. Y a quienes beneficia y no hacen nada para resolverla. Pienso que los lectores tienen su respuesta y quizás debieran actuar en consecuencia el próximo 26 de junio.
La segunda reflexión debiera referirse al papel de las fuerzas de seguridad y en especial de la Policía Local, teóricamente más cercana, en una sociedad tan desgarrada como la que vivimos. La respuesta desde los Derechos Humanos es que utilizar la policía frente a la pobreza es lamentable; y nos gustaría que realmente en nuestra provincia no fuese así, que al fin y al cabo la policía debiera estar al servicio de la gente y a las órdenes de quienes la representan. No se trata de incumplir la Ley sino de aplicarla de forma flexible y teniendo en cuenta las circunstancias, sobre todo cuando se trata de leyes tan injustas.
Y si de leyes injustas hablamos, la tercera reflexión nos devuelve al primer hecho que relataba. Se trata de la Ley Mordaza y la deriva gravemente autoritaria del actual gobierno, que el 26J tenemos la oportunidad de cambiar.
Se han multiplicado desde su entrada en vigor los despropósitos del gobierno en la persecución de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Los casos se multiplican, como el esperpéntico y deleznable encarcelamiento y procesamiento los titiriteros en Madrid, las peticiones de exorbitadas penas de prisión o el encarcelamiento de sindicalistas por ejercer sus la defensa de los trabajadores, los centenares de encausados, encarcelados y multados por participar en los piquetes de la huelga general de 2012, la multa una persona por llevar un bolso con la cara de un gato y las siglas ACAB (que podrían interpretarse y la policía así lo hizo como “all cops are bastards”; -todos los policías son unos bastardos-), la multa a una periodista por saltarse un línea roja que marcó la Policía, un periodista multado por publicar una foto de una operación policial, etc… La lista se ha vuelto interminable y oprobiosa.
En realidad la Ley Mordaza, por más que hable de “seguridad ciudadana”, en realidad está provocando la vulneración de los derechos y la inseguridad de la ciudadanía ante la arbitrariedad policial y del poder político, como es el subdelegado del gobierno.
Como denunciamos en el comunicado a que me refería al comienzo, la Ley Mordaza no es más que eso, una Mordaza para nuestros Derechos Fundamentales. Las organizaciones de derechos humanos estamos reclamando al nuevo gobierno, que muchos deseamos de cambio, que derogue inmediatamente esta Ley porque si continúa vigente no pocas personas vivirán la represión de su aplicación hasta que consigan que nos olvidemos que cuales son nuestros derechos.
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