La corrupción es un mal endémico en Andalucía y, probablemente, en el resto del planeta. Estamos tan acostumbrados ya a ver noticias de políticos vagos y maleantes que a pocos sorprende que haya dos expresidentes de nuestra comunidad autónoma acusados de cometer delitos gravísimos (malgastar los dineros públicos) por dedicarse a proteger los bolsillos de sus amiguetes en vez de los intereses generales. Así nos va. Los empresarios están arruinados y, muchos políticos, forrados. Cualquier emprendedor que haya intentado una iniciativa por estos lares andaluces conoce las trabas burocráticas a las que se enfrenta y que –aunque es políticamente incorrecto decirlo- fácilmente se resuelven con sobres. Poderoso caballero es don dinero.
Todo proyecto empresarial necesita permisos, autorizaciones, licencias, etc… de los organismos competentes (técnicos y políticos). Cuando un emprendedor llega a Andalucía y pretende desarrollar una industria de envergadura que genere puestos de trabajo estables, abarate costes de servicios a las propias administraciones públicas, es lógico que tenga que pasar ciertos filtros (licencias urbanísticas, informes de medioambiente, etc...). Lo que no es lógico es que tarden más de un año en concederlas o denegarlas.
Les cuento un caso real de menosprecio por parte de la Administración Pública andaluza (políticos) a empresarios que quieren invertir en nuestra tierra gastando muchos millones de euros, sobre todo, en la Sierra de Cádiz, para generar empleo.
Hace años un grupo industrial solvente se interesó en ejecutar un proyecto beneficioso para la población de la Sierra de Cádiz. Se trata de una inversión para crear muchos puestos de trabajo. A mediados del mes de mayo de este año 2016 los emprendedores se reunieron con el político de turno de la Junta de Andalucía para pedirle explicaciones a las trabas (políticas) y zancadillas absurdas que encontraban para acometer el proyecto. Uno de los empresarios le dijo a ese político: "Dejen que nos arruinemos. Dejen que ejecutemos nuestro proyecto, que no necesita ni subvenciones, ni ayudas públicas, ni nada. Somos empresarios. Venimos a invertir en esta tierra. Dejen que creemos puestos de trabajo en la Sierra de Cádiz".
Y es que estos empresarios concurren en uno de los sectores llamados "regulados", de los que controlan unos pocos (políticos, para qué engañarse) en los que es muy difícil participar sin un buen “padrino”. Ha pasado más de un año desde que estos inversores solicitó un permiso a la Junta de Andalucía para ejecutar el proyecto. Todavía están esperando. Mientras tanto, el paro crece.
La mala praxis de nuestra Junta de Andalucía nos enseña que cuando los políticos (o los técnicos) quieren proteger intereses propios, o de amigos, hacen lo que haga falta. En cambio, proteger el interés general, es una quimera. El empleo no lo crean los políticos, sino los empresarios. Si los empresarios –grandes, medianos o pequeños- se cansan, o se aburren del sistema (corrupto) y se van, aquí no hay quien viva. Ahora tenemos una situación política de inseguridad e inestabilidad que no favorece para nada que vengan los grandes inversores a generar riqueza; y si los que vienen se espantan, a ver qué hacemos.
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