Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los expresidentes ya jubilados que en conjunto sostuvieron las riendas de la Junta de Andalucía durante 23 años, están ahora más cerca del banquillo después de que Álvaro Martín, el juez de refuerzo que recibió de su superiora María Núñez Bolaños el encargo de finiquitar la instrucción de la pieza política de los ERE, haya avanzado desde las diligencias previas hasta el procedimiento abreviado que fija las acusaciones definitivas que pesan sobre ellos. Tras cinco largos años de indagaciones y de atar cabos, el auto difundido ayer y que debe desembocar en el juicio oral señala formalmente a los dos expresidentes y a 24 exaltos cargos que formaron parte de sus gobiernos.
De Chaves, jefe del Ejecutivo autonómico entre 1990 y 2009, sospecha el juez que cometió un delito continuado de prevaricación administrativa, el mismo que imputa a su sucesor José Antonio Griñán aunque a éste le añada otro adicional que en su día no apreció el magistrado del Tribunal Supremo que esbozó su acusación inicial al ser aún aforado: el de malversación de fondos públicos. Apenas una hora después de conocerse la noticia ambos tramitaban su baja en el PSOE para cumplir con el reglamento y el códigoético del partido que fuerza la baja de cualquier militante cuando se abre juicio oral en su contra.
Además de a los dos expresidentes, Martín fija acusaciones a seis exconsejeros que ocuparon carteras durante sus mandatos. A Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, por prevaricación. A José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Aguayo y Francisco Vallejo les añade, como a Griñán, la acusación de malversación. La suma de esos presuntos delitos contempla en el antiguo Código Penal, el que rige en la macrocausa de los ERE, penas de entre 4 y 8 años de prisión. El de prevaricación no implica cárcel, tan sólo inhabilitación para cargo público (7 años, 10 años o más de 10). El auto, no obstante, no entra en esas consideraciones porque se limita a dar por cerrada la instrucción, da traslado a las partes (acusaciones y defensa) y les concede un plazo para presentar sus calificaciones de delitos y exigir penas.
Del juicio se libran 24 de los 51 investigados iniciales para los que se decreta el sobreseimiento provisional de sus causas, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Manuel Recio y Martín Soler, así como el expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón, y el aún primer directivo de Unicaja, Braulio Medel. No se salva, por pura lógica, uno de los principales señalados en toda la trama fraudulenta: el exdirector general de Empleo Francisco Guerrero, acusado de prevaricación y malversación.
A los 26 procesados señalados en el auto se les intuye algún grado de responsabilidad en la creación, consentimiento o mantenimiento del denominado procedimiento específico. Ese fue el término con el que se bautizó durante la instrucción el mecanismo forjado y alimentado durante una larga década en las entrañas de la Administración autonómica, desde 2000 hasta 2011, para desviar cantidades millonarias hacia supuestas ayudas sociolaborales que se concedían de forma arbitraria, sin control ni supervisión alguna y que acabaron camuflando prejubilaciones ficticias de personas que jamás habían trabajado en las empresas beneficiarias.
El juez Martín pone incluso cifra al supuesto fraude: se desconoce aún su alcance real, pero considera probado que no sería nunca inferior a los 854 millones. Esas cantidades, salidas de la arcas públicas, se distribuyeron mediante un mecanismo “contrario a Derecho” y diseñado para “eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía”, de la Intervención estatal e incluso de un afamado bufete. Ese último detalle marca la frontera entre la imputación por prevaricación y por malversación. Quienes acumulan los dos, como el propio José Antonio Griñán, tres de sus consejeros y otros 14 altos cargos, se enfrentan a prisión porque según el juez Martín además de ignorar todo el carrusel de irregularidades obviaron también los informes y las voces de alerta de la Intervención General de la Junta. Ese organismo clave en el control de fondos públicos había advertido en 2005 en varios informes de que el director general de Trabajo, Javier Guerrero, otorgaba “ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones” a las que se destinaban aquellas partidas. “Y no hicieron nada para evitarlo”, concluye el instructor.
Esa apreciación es clave en el caso de Griñán. Cuando declaró en el Tribunal Supremo al ser aún parlamentario nacional y por tanto aforado, el juez Jorge Alberto Barreiro sólo apreció un supuesto delito de prevaricación administrativa. Ahora se agrava con el de malversación de fondos públicos porque Martín entiende que durante su etapa de consejero de Economía y Hacienda, de 2004 a 2009, tuvo que desoír las indicaciones que formuló la Intervención de la Junta.
La argumentación incluye párrafos contundentes. El juez Martín considera a todos los encausados responsables de “generar, implantar, mantener e impulsar” entre los años 2000 y 2011, desde el Gobierno de la Junta y en concreto desde la Consejería de Empleo, un procedimiento específico que regateaba todos los controles legales y que se servía de “modificaciones ilegales de partidas presupuestarias” para amasar fondos públicos que de forma “arbitraria y discrecional” derivaba hacia las empresas sin justificación, sorteando el estricto mecanismo de controles legales y de forma discrecional. Y en ese engranaje supuestamente ilícito aparece la figura del IFA, posteriormente Agencia IDEA, que ejercía como “caja de pagos” tras recibir los fondos para luego distribuirlos sin control ni criterio objetivo alguno.
Imposible no conocerlo
Igual de contundente es otro argumento clave: tanto a Chaves como a Griñán y al resto de altos cargos de la Junta se les acusa formalmente porque el juez entiende que era prácticamente “imposible” que desconocieran el funcionamiento del mecanismo diseñado. “Quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía”.
Existían, por tanto, “autoridades o funcionarios” que instauraron un “procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello”. En ese punto el juez apunta directamente a Javier Guerrero, director general de Trabajo en la época en la que se esfumaron las partidas millonarias. Era él quien supuestamente disponía cuánto dinero se movilizaba, hacia dónde y cómo de distribuía, ya fuera en forma de ayudas sin justificar libradas hacia empresas o para incluir intrusos en prejubilaciones ficticias. Lo hizo de forma reiterada “a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados”, y a sabiendas de que no era competente para ello hasta que sus funciones se vieron limitadas por una orden de 2010. Quienes le superaban en el escalafón de la Junta, en especial en Empleo, debían de conocerlo, sostiene de forma reiterada el juez.
En el repaso al largo historial de hechos acumulados durante una década el juez recuerda que la mediación ilícita propició que en los ERE aparecieran intrusos que jamás trabajaron en las empresas que recibieron ayudas, o cómo se pagaron sin rubor comisiones desorbitadas a intermediarios, los llamados sobrecostes que manejaban los conseguidores. Y todo ello, “sin justificación ni criterio” por parte de altos cargos.
En las conclusiones se cierra cualquier resquicio a la duda. El auto atribuye por ejemplo a todos los acusados el delito de prevaricación continuada porque se supone que “conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia”. Las partes, tras recibir ayer la notificación del auto, tienen ahora 45 días naturales para presentar su escrito en el que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.
La pieza política de los ERE se ha convertido ya en la primera que puede presumir de haber cerrado su instrucción tras cinco años de investigaciones. La inició la jueza Alaya, pero tras una batalla pública por retenerla la acabó perdiendo en favor de su compañera Núñez Bolaños, que a su vez la dejó en manos de Álvaro Martín. Aún quedan otras cinco por cerrar.
La macrocausa de los ERE tiene además desde este miércoles una nueva pieza que indagará sobre el el uso de las transferencias de financiación por parte de la Junta tras la petición que le ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. El juez Martín investigará ahora sobre los fondos que recibían la Agencia IDEA y su predecesor IFA y que provenían de lugares distintos al ‘fondo de reptiles’.
26J: la oposición al PSOE recibe una inesperada munición electoral
El calendario político nacional, y por extensión, el andaluz, tiene marcado a fuego la fecha del 26J. A poco más de una semana de que arranque la campaña, la confirmación de los cargos contra Chaves, e incluso la elevación de los que ya persiguen a Griñán, asestan un durísimo golpe a las ambiciones del partido hegemónico de sumar la quinta victoria consecutiva desde que Susana Díaz agarró el bastón del mando del PSOE-A.
Los expresidentes no eran dos militantes más. En torno a sus figuras se concentran 23 años de mandato, de poder, de dominio sobre todos los resortes de la Administración autonómica. Ayer se vieron obligados a borrarse del partido. Quizás sea el menor de los problemas, porque no hicieron otra cosa que autoimponerse el código ético socialista. La amenaza real, latente, es que ahora se saben en la diana de la oposición, que se frota las manos porque le acaba de llover material para desacreditar al PSOE-A durante semanas. Y todo ello, no se olvide, en un escenario en el que a los socialistas se les puede escapar la victoria por el frente del PP pero también por el que más dolería: la confluencia IU-Podemos.
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