La presidenta andaluza, Susana Díaz, y la diputada del PP, Teresa Ruiz Sillero, han protagonizado hoy un duro enfrentamiento a cuenta de la supuesta participación en los cursos de formación de la Junta de José María Moriche, marido de Díaz, que trabajó como administrativo en un ente de la UGT-A.
A mí me daría vergüenza y siento pena si mi partido me encargará el papel que su partido le ha dicho que representeSe trata del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), un ente de UGT encargado de impartir cursos de formación, en el que trabajó como auxiliar administrativo y del que Moriche recibió nóminas en concepto de "preparación y tutoría para cursos", según el PP, que le ha preguntado a Díaz si su situación familiar ha influido para que determinados expedientes de los cursos estén todavía sin justificar.
Visiblemente enojada por lo que ha considerado "insidias", Díaz en su comparecencia en la comisión de investigación ha reprochado a la popular que "no tuviera la gallardía y el valor" de afirmar "lo que no se atreve a decir", y ha censurado: "A mí me daría vergüenza y siento pena si mi partido me encargará el papel que su partido le ha dicho que represente".
Ruiz Sillero se ha remitido a un expediente de la formación, del que ha dicho que lleva siete años "sin ser revisado, en el que se imputa la nomina (de Moriche) a los gastos de los cursos en concepto de tutorías y formación", a lo que Díaz ha respondido que había leído con "maldad solo una parte de la nómina", tras lo que ha señalado: "Me he casado con un tieso" y que cobró entre 700 a 1.200 euros con pagas prorrateadas.
Con anterioridad a este incidente, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, había considerado un "honor" acudir a la comisión de investigación sobre las subvenciones para la formación profesional para el empleo y ha dicho esperar que las conclusiones que este órgano alcance sirvan tanto a la comunidad como "fuera de Andalucía".
Así se pronunció Díaz durante su intervención ante la comisión de investigación, a la que ha llegado acompañada por el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, y por el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez.
Díaz, que cierra la primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación, ha dicho que iba a ser breve durante su intervención inicial porque es lo que interesa y no los "juicios de valor o las opiniones personales, sino los hechos". También ha destacado que durante la etapa que se investiga en esta comisión ella no formaba parte del Gobierno ni era la presidenta del mismo.
Ha considerado un "honor" acudir a esta comisión, argumentando que más allá del artículo 502 del Código Penal, "todos tenemos una obligación política y moral de venir a la sede de este Parlamento cuando a uno lo llaman", habiendo pasado por esta Cámara "miles de andaluces" durante los 30 años de democracia.
"Ninguno de ellos se ha negado a su comparecencia, sino al contrario, la ha considerado un honor", ha afirmado Díaz, quien ha insistido en la necesidad de respetar la soberanía de Andalucía y ha dicho no entender "otra conducta de otro tipo, ni esconderme detrás de ningún informe de ningún órgano de este país", en referencia a la incomparecencia en esta comisión de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez.
En su opinión, comparecer en esta comisión supone "una oportunidad" ante una situación que se ha producido "en el conjunto del territorio español". Y es que, según ha asegurado, con la comparecencia en este órgano se contribuye "con los jueces, la policía, los fiscales y otros parlamentos que tienen una situación parecida a ésta".
Así, tras recordar que ha habido operaciones policiales en materia de formación en comunidades como Galicia, Madrid, Asturias, Valencia, Aragón y Extremadura, la presidenta de la Junta ha dicho que el Parlamento andaluz es el único donde se ha creado una comisión de investigación. "Es algo inédito, de ahí su utilidad y lo que va a poder aportar en el conjunto del panorama nacional", ha añadido.
Junto a ello, Díaz ha censurado que haya parlamentos donde grupos representados en esta cámara hayan votado en contra de la celebración de comisiones de investigación "para analizar hechos similares con detenciones de altos cargos, como es el caso de Madrid, Valencia o Galicia".
También ha destacado la presidenta que incluso el Tribunal de Cuentas, en informes elaborados en 2012 y 2014, puso sobre la mesa "irregularidades o deficiencias" en el sistema de ayudas a la formación, también en la administración central. "Y tampoco ha habido una comisión de investigación en las Cortes Generales", ha apuntado.
Por todo ello, la jefa del Ejecutivo andaluz ha dicho esperar que las conclusiones que salgan de esta comisión de investigación sean "buenas" para mejorar el sistema "aquí y fuera". Además, ha garantizado las tendrá todas "muy en cuenta".
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