El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que los "78 millones de euros más" llegados "esta semana" para los agricultores andaluces demuestran la "falsedad" de los datos aportados por la Junta de Andalucía en su "campaña llena de mentiras" sobre la Política Agraria Común (PAC).
En declaraciones a Europa Press, Sanz ha vuelto a pedir "lealtad institucional" a la Junta, advirtiéndole de que "no es positivo que intente jugar con el futuro de nuestros campos por intereses electorales sabiendo que está mintiendo".
Ha incidido en que los datos que está aportando el Gobierno andaluz relativos a que se van a perder 900 millones de euros "son falsos porque no los puede tener", principalmente porque la campaña no concluye hasta el 30 de junio en el caso de las ayudas directas, y hasta el 15 de octubre no se produce el cierre del periodo Fegoa.
El delegado ha enfatizado que Andalucía es la comunidad autónoma que "más se beneficia de la PAC", apostillando que "los 3.500 millones de euros que Andalucía hubiera perdido aplicando el modelo del PSOE" se han "salvado" por la "buena negociación" que ha hecho el Gobierno de España.
Sanz ha recordado que, como ha venido explicando, había una serie de fondos que dependían de las solicitudes que se hicieran por parte de las comunidades autónomas en relación con las peticiones de pago de las ayudas agrarias que se están haciendo por parte de los agricultores.
Así, "acaban de llegar esta semana" al Fondo de Garantía Agraria (FEGA) nuevas solicitudes de asignación por parte de los agricultores andaluces que suponen "78 millones de euros más" que "van a ser cubiertas". Unos fondos, por tanto, que "dijimos que no se iban a perder y no se van a perder".
Finalmente, ha incidido en que la Junta está aportando "datos falsos", pues "si no ha acabado la campaña, cómo están diciendo lo que se va a perder". En este punto, ha vuelto a exigir a la Administración andaluza que "actúe con lealtad institucional", que "deje de mentir" y que "asuma su responsabilidad" por haber provocado "la pérdida de 198 millones de euros" como consecuencia de "su incompetencia" y no ejecución de los fondos de desarrollo rural adjudicados en el periodo de programación anterior, que era "lo único que tenía que hacer" porque "el resto es asignación directa a los agricultores".
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