Según informaron a Europa Press fuentes del gabinete jurídico del Ayuntamiento, la denuncia, que consta de más de 500 folios, fue presentada ayer después de que los abogados del regidor hayan considerado que la instructora pudo vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva imputando a Benavides delitos incluso de fechas en las que no era aún alcalde, ya que lo era el socialista Antonio Rebollo.
Como ejemplo, se alude a las modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987 con pleitos penales, como el caso del Palacio de Justicia (que se modificó porque los suelos tenían uso hotelero) u otras relacionadas con la construcción de hoteles, como el Bahía Tropical o el Playa Cotobro.
Benavides fue el que dio hoy a conocer la interposición de la denuncia en una declaración institucional en la que estuvo acompañado por los concejales en el equipo de gobierno. "Me van a permitir vulnerar dos normas que he seguido permanentemente. Primero, no valorar las decisiones judiciales hasta que no han dictado sentencia, evitando interferir en su independencia. Segundo, leer mis declaraciones evitando que alguien, de forma bienintencionada naturalmente, pueda malinterpretarlas sacándolas de su contexto", comenzó.
En su discurso ludió a los intentos de "instrumentalización" de la justicia, a la "criminalización" de la política municipal, y a la creación de un estado de opinión "mediante campañas mediáticas teledirigidas" y se refirió a la denuncia presentada por la juez "por unas reiteradas actuaciones" que suponen "la vulneración de nuestro derecho constitucional a una tutela efectiva por los tribunales de justicia".
"La justicia, que busca el esclarecimiento de la verdad, intenta sustituirse por una justicia inquisitorial, donde la presunción de culpabilidad sustituya a la presunción de inocencia", señaló Benavides, a quien "sorprende" que la instrucción procesal por reparto siempre se atribuya al Juzgado número 2, sorteando "con agilidad asombrosa los atascos de la administración de justicia" y "sin respetar, salvo formalmente, el derecho constitucional a una defensa eficaz".
También hizo referencia a "las filtraciones reiteradas e interesadas a determinados medios de comunicación", contribuyendo, según dijo, "al juicio mediático paralelo al proceso judicial".
"Y, si tras años de procesos judiciales y linchamientos mediáticos que ya se pierden en la memoria, como siempre ha sucedido hasta ahora, la justicia proclama una vez mas nuestra inocencia, yo me pregunto y les pregunto, ¿quien repone los daños?", concluyó el alcalde, que se negó a responder a las preguntas de los periodistas, marchándose inmediatamente después de sus palabras de la sala en la que compareció.
Este anuncio se produce justo un día antes de que el regidor sexitano se tenga que sentar en el banquillo acusado de un delito de coacciones contra la empresa que fuera adjudicataria de la televisión municipal 'Medios Informativos Costa Tropical S.L.', después de que en 2004 supuestamente cambiara las cerraduras y cortara la luz de sus instalaciones, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 36.000 euros.
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