Doce eurodiputados españoles han enviado una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en la que le piden que interceda en nombre del Ejecutivo comunitario para asegurar que España cumple con sus obligaciones sobre cuestiones electorales y permite el voto de los residentes en el extranjero en las próximas elecciones generales del 26 de junio.
En la misiva, firmada por Tania González, Miguel Urbán, Lola Sánchez, Xabier Benito, Estefanía Torres (Podemos), Marina Albiol, Javier Couso, Paloma López, Ángela Vallina (IU), Lidia Senra (AGE), Ernest Urtasun (ICV) y Jordi Sebastià (Compromís), los europarlamentarios denuncian la "deliberada indiferencia" del Gobierno para permitir los recursos y medios necesarios para facilitar el voto de los residentes en el extranjero.
Los eurodiputados subrayan que, desde la reforma de la ley electoral en 2011, la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero ha caído "drásticamente" en todas las elecciones que han tenido lugar desde entonces, al introducir una serie de obstáculos que han causado una abstención de la "diáspora" del 95%.
Así, explican que las razones que fuerzan la abstención son la llegada tardía de de las papeletas a los votantes, la falta de campañas apropiadas de información o los "estrechos" plazos para solicitar el voto, entre otros.
En este sentido, denuncian que los obstáculos a la participación electoral de los emigrantes son "cercanos al fraude electoral", al mismo tiempo que "perjudican la calidad de las instituciones democráticas españolas y por lo tanto, de la Unión Europea.
"No podemos permitir, en una Europa que se llama democrática a sí mismo, que las nuevas elecciones se repintan teniendo secuestrada la voluntad de dos millones de ciudadanos", apuntan los eurodiputados.
Además, la carta destaca que la "inacción" política para reducir este "déficit democrático" responde a "intereses partisanos" dado que, asegura, el voto emigrante es "fundamentalmente contrario a las políticas del Gobierno actual.
"La calidad de un sistema político democrático se mide a través del grado de participación, por los que es intolerable que la Administración obstaculice ejercer el derecho a voto", añaden los europarlamentarios.
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