El título viene a cuento, puesto que en las resoluciones judiciales, a los vecinos que han construido ilegalmente se les dicen que han cometido un acto criminal, por ello se le condenan a cárcel, multas, y en algunos casos al derribo de la vivienda.
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que “crimen” es una acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien y “criminal” es un adjetivo perteneciente o relativo al crimen o que de él toma origen.
Por lo tanto, si aplicamos el adjetivo de criminal al que ha construido ilegalmente, aquí en El Puerto, somos más de 7.000 criminales. A los últimos 4.000, nos quieren legalizar con la última revisión del Plan General que se aprobó en Diciembre del 2013.
Y yo me pregunto, ¿por qué aquellos que tenían que haber evitado tanto crimen, miraban para otro lado?, dando en muchos casos las herramientas para cometerlos, permitiendo parcelaciones en fincas matrices en proindiviso, aprobando proyectos de electrificación y de suministro de agua potable, teniendo la seguridad de que no era para plantar lechugas o zanahorias.
Claro, eso sí, aquí cobraban notarios, registradores, abogados, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, etc.
¿No habría que considerar un acto criminal herir gravemente a un vecino que ve como las maquinas tiran la vivienda que tanto sacrificio le costó construir?, preguntándose con un gran dolor de su corazón, “¿Dios mío ¿por qué a mí?
El que escribe ya ha asistido a más de una demolición, y próximamente, el día 22 de Junio, voy como testigo al Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, donde nuestro Ayuntamiento solicita la demolición de “CINCO VIVIENDAS” de otras tantas familias de El Puerto.
¿Cómo es que el PGOU, aprobado en Diciembre del 2013, obliga a regularizar unas viviendas a la vez que se mantiene sobre ellas los expedientes abiertos, multas coercitivas y llegando a solicitar su demolición?
La organización a la que represento, COAVE, intentó que el Pleno Municipal aprobara la suspensión cautelar de los expedientes que no tuvieran una resolución judicial con sentencia en firme, para lo que se necesitaba de la voluntad política de nuestros representantes municipales. No incurriéndose en ilegalidad alguna, como se manifiesta en los diferentes informes jurídicos de los que disponemos.
Paradójicamente, no hubo problemas para la paralización cautelar de los aparcamientos, llegándose a buscar informes ajenos a los de los propios técnicos municipales en aras de conseguir el objetivo político.
Por último, pienso que así como se está teniendo voluntad política ante los desahucios, se tenga también de paralizar los expedientes urbanísticos cautelarmente, y no mandarlos a los Juzgados, solicitando el derribo de decenas de viviendas que son legalizables a través del PGOU.
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