Agentes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía, desplazados desde Málaga a Córdoba, intervinieron en ésta última ciudad al empresario cordobés Rafael Gómez un total de 410 obras de arte, propiedad del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, en el marco de una operación que aún está abierta.
Según fuentes policiales, el hallazgo de las obras de arte, en las naves que sirven de sede en Córdoba a la inmobiliaria y constructora Arenal 2000, propiedad de Gómez, también conocido como ‘Sandokán’, es una de las consecuencias del operativo policial, que aún está en marcha.
A través de un comunicado de Arenal 2000, el también joyero cordobés aseguró que los cuadros no son de su propiedad a pesar de que estaban guardados en sus naves y además admitió que desconoce si son propiedad de Roca.
En concreto, en la actuación policial, realizada por orden del Juzgado de Instrucción número cinco de Marbella, se han intervenido cuadros atribuidos a Sorolla, Tapies, Dalí, Miró, Ismael Gómez de la Serna, Benjamín Palencia, Joaquín Torres García, entre otros artistas de conocido renombre. Dichas piezas intervenidas a Gómez podrían ser propiedad de los investigados en el procedimiento C. S. y A. L, aunque la investigación no ha concluido.
En cuanto al motivo por el que los cuadros estaban en las instalaciones de Gómez, desde Arenal 2000 se aseguró que los mismos habían sido “transportados y depositados en sus instalaciones al solo objeto de su exposición para que los peritos del Estado (Ministerio de Cultura) procediera a su examen y valoración, por si fueran de utilidad para cancelar la deuda que se tiene contraída por el grupo de empresas Rafael Gómez Sánchez con la Hacienda Pública del Estado, en cuanto que ésta únicamente admite el pago en efectivo-metálico o en bienes que puedan integrarse en el patrimonio histórico-artístico”.
Por ello, “una vez determinados por los peritos aquellos cuadros que pudieran ser de utilidad para la cancelación en todo o en parte de dicha deuda, se procedería a adquirir los mismos mediante una permuta por bienes inmuebles de equivalente valor, a favor de los titulares o propietarios de los cuadros, para su inmediata entrega a la Hacienda Pública, en pago de la deuda”, añadían.
No hay imputación alguna
Por otro lado, según Arenal 2000, “la intervención judicial de los cuadros es consecuencia de que los señores que los han traído y depositado tienen a su vez contraída una obligación de pago o afianzamiento con el juzgado interviniente, que no han llegado a cumplimentar y que es ajena totalmente” a Gómez, “según la resolución judicial que se entregó en el momento de la intervención”.
Además, todo ello “se ha puesto en conocimiento del juzgado interviniente, sin que por parte de éste se haya efectuado imputación alguna” a Gómez, “en relación con dicha intervención”, a lo que se suma que lo expuesto por Arenal 2000 “es susceptible de comprobación y cotejo con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Cultura, a los que se ha tenido informados de la intención” de Gómez, “que no es otra que la de atender al pago de sus deudas, como hasta ahora ha venido haciendo, incluida la deuda contraída con la Agencia Tributaria”, y “prueba de todo ello, es que en ningún momento se ha llamado a declarar a algún responsable de Arenal 2000”.
Los nuevos registros se relacionan con un posible delito de alzamiento de bienes
Los nuevos registros hechos por la Policía en el ‘caso Malaya’, en los que se han intervenido cientos de obras de arte en tres inmuebles de Marbella, Córdoba y Agrón (Granada), se enmarcan en una investigación por un posible delito de alzamiento de bienes por parte de uno de los procesados.
Según un auto del juez instructor del caso, las investigaciones policiales “ofrecen claros indicios” de que el promotor Carlos Sánchez -procesado en la causa- ha trasladado obras de arte desde Marbella hasta un local en Córdoba, propiedad del constructor Rafael Sánchez, también procesado, “estando preparándose su posible venta”.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado, que nombra depositario de los bienes a la Delegación de Cultura de la Junta, autoriza los registros y el embargo de la finca ubicada en la localidad granadina, que fue vendida a Sánchez en febrero de 2008 por una empresa representada por Andrés Liétor -socio del primero y también procesado en la causa- por 10,7 millones de euros.
El juez Óscar Pérez recuerda que ni Sánchez ni Liétor han abonado su fianza por responsabilidad civil en el “caso Malaya”, que asciende a 20 millones de euros cada uno, y señala que los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes si Sánchez “hubiera llegado a ponerse en situación de insolvencia total o parcial”.
Justifica además los registros ante la posibilidad de que en el interior de los inmuebles se encontraran obras de arte y, en el caso de la finca granadina, también documentos relacionados con la causa principal, dadas las “relaciones” de Sánchez con el ex asesor urbanístico y principal imputado en el caso Juan Antonio Roca.
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