La cúpula de Ciudadanos, la nacional y la andaluza, desanduvo este jueves todos los pasos que el miércoles se atrevió a recorrer para exigir a Susana Díaz que prescindiera de su consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, al que el TSJA ha citado ya para que testifique el 10 de mayo por un presunto caso de prevaricación durante su etapa como vicerrector en la Universidad de Sevilla.
En una pirueta de 180 grados, el mensaje lanzado por la formación naranja desde todos los frentes fue radicalmente opuesto al escuchado sólo 24 horas antes. El miércoles, tras conocerse la citación del consejero, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, alertaba desde Madrid de que el pacto de investidura que aupó a la presidencia a Díaz “podía peligrar”. A continuación era el portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, quien ratificaba que todo cargo imputado “por corrupción política” tiene “la obligación y el mandato” de abandonar su cargo público y, en caso de resistirse, le correspondería a la jefa del Ejecutivo destituirle.
Como si nada de eso se hubiese oído, Ciudadanos ha virado su mensaje. Enmendándose a sí mismo, la tesis del partido borró las exigencias de cese para reproducir la teoría que ha enarbolado la Junta de Andalucía desde que estalló el caso Arellano: no hay prevaricación política sino administrativa y además las presuntas irregularidades se habrían cometido durante una etapa en la que el señalado no se sentaba en el Consejo de Gobierno.
“No vamos a pedir la dimisión de Arellano porque, que yo sepa, el señor Arellano no ha sido imputado por corrupción política hasta ahora”, aclaró el líder de C’s en Andalucía, Juan Marín. Ni rastro de las advertencias del miércoles. Es más, Marín desveló que el consejero le hizo llegar la documentación del caso y le ha despejado las dudas...
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