Los cinco grupos parlamentarios presentes en la Cámara andaluza han registrado diferentes propuestas de resolución al informe de la Cámara de Cuentas de Fiscalización de la Cuenta General y Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al año 2014, referidas a la gestión de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), gran parte de las mismas sobre los avales que concede esta entidad.
En las citadas resoluciones, consultadas por Europa Press, el PSOE-A reclama establecer los procedimientos de análisis técnico que efectúa IDEA para el otorgamiento de avales, para que se incida más estrictamente sobre el análisis empresarial de la viabilidad e idoneidad de los proyectos, y ello redunde en una disminución de las ejecuciones de aval por fallidos. También pide replantear los procedimientos de reclamación de IDEA ante las empresas cuyas operaciones de crédito devinieron impagadas.
El PP-A demanda que el Parlamento considere "muy negativo" el fracaso de la política de avales a empresas llevada a cabo por el Gobierno andaluz, dado el alto índice de ejecuciones de aval por fallido y el mantenimiento de importes ejecutados en 2014 en la Agencia IDEA, y que ha supuesto una pérdida de fondos públicos por valor de 35,2 millones, tal y como constata el Informe de Fiscalización de referencia, e insta al Consejo de Gobierno a que ponga en funcionamiento una revisión de los procedimientos de análisis técnicos que efectúa para el otorgamiento de estas garantías.
Por su parte, Podemos solicita instar al Consejo de Gobierno a que proceda a retener los pagos de obligaciones reconocidas a favor de terceros que hayan sido beneficiarios de avales extendidos por la Agencia IDEA u otro ente dependiente de la Junta de Andalucía, en el caso de que dichos avales hayan sido ejecutados; y a que ordene el reintegro inmediato a la Tesorería General de los fondos recuperados por la Agencia IDEA de avales ejecutados.
En el caso de Ciudadanos (C's), se reclama que llevar a cabo un control más estricto sobre la viabilidad e idoneidad de los proyectos gestionados por la agencia IDEA; mientras que IULV-CA pide instar a la Junta a retener los pagos de obligaciones reconocidas a favor de terceros que hayan sido beneficiarios de avales extendidos por la Agencia IDEA u otro ente dependiente de la Junta, en el caso de que dichos avales hayan sido ejecutados.
También reclama el grupo parlamentario de IULV-CA que la Junta ordene el reintegro inmediato a la Tesorería General de los fondos recuperados por la Agencia IDEA de avales ejecutados.
79 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
En total, los grupos parlamentarios han registrado 79 propuestas de resolución al citado informe, -- 14 de PSOE-A, 32 de PP-A, 17 de Podemos, 5 de Ciudadanos y 11 de IULV-CA--.
Entre otras propuestas, el PSOE-A pide continuar con el control y seguimiento de los libramientos pendientes iniciado en 2010 por determinadas agencias, así como reforzar las medidas ya adoptadas, fundamentalmente en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de manera que se realicen las justificaciones o los reintegros correspondientes, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.
También reclama que una vez que culminen los procesos de integración en el SAE, se aplique lo establecido en los estatutos de la agencia de régimen especial Servicio Andaluz de Empleo en referencia al establecimiento de un plan de acción anual y de un contrato plurianual de gestión; y que se apliquen las medidas necesarias que permitan determinar anualmente el valor del patrimonio fundacional y duradero de las fundaciones.
Los socialistas demandan además que una vez culminados los procesos de extinción, absorción y fusión de distintos consorcios participados por la Junta, determinar la población de consorcios dependientes de la Junta, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto de control por parte de la Administración de la Junta y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el Presupuesto y Cuenta General de la Junta.
Por parte del PP-A, se pide hacer de obligado cumplimiento las recomendaciones emitidas por la Cámara y las resoluciones que se aprueben en el Parlamento; agilizar el control de los fondos públicos; y facilitar en tiempo y forma la totalidad de la información requerida a las consejerías y entes instrumentales, con la finalidad de evitar limitaciones al alcance que perjudiquen la calidad de la fiscalización y de aumentar la transparencia con el Parlamento.
Los 'populares' plantean instar a la Junta, ante el elevado volumen y antigüedad de los saldos de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo, "que ascienden a 2.687 millones en consejerías y agencias", al cumplimiento estricto de la normativa que los regula y a agilizar las comprobaciones realizadas por los órganos gestores, exigiendo su inmediata justificación o su reintegro en el caso de cantidades no pagadas y no justificadas debidamente.
El grupo parlamentario de Podemos pide que la Junta apruebe una normativa contable que desarrolle el procedimiento de consolidación y que abarque no solo los estados financieros de las agencias administrativas, sino también a las agencias de régimen especial; y que establezca criterios más depurados para dotar las provisiones sobre los saldos del pendiente de cobro, sin excluir aquellos cuya antigüedad sea inferior a cinco años.
IULV-CA RECLAMA UNA BANCA PÚBLICA
Ciudadanos reclama que el Gobierno andaluz fije objetivos presupuestarios concretos y medibles, de manera que se puedan evaluar y aporten información útil para la toma de decisiones; fije objetivos concretos y medibles para las modificaciones presupuestarias; propiciar el cumplimiento de la justificación de los beneficiarios de ayudas; y adopte las medidas oportunas a cumplir de forma adecuada con los objetivos con los que fueron concebidos los fondos carentes de personalidad jurídica.
IULV-CA solicita instar al Consejo de Gobierno a que, en el marco del proyecto de ley del Presupuesto para 2017, emprenda la reorganización de los fondos carentes de personalidad jurídica en la perspectiva de la creación de una Banca Pública andaluza y que también informe sobre las obligaciones contraídas a consecuencia de concesiones de obra pública, de servicios públicos o de cualquier otra figura contractual que implique el modelo de financiación de colaboración público-privada.
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