El juez Álvaro Martín ha citado a declarar como investigados a lo largo de los próximos meses de abril y mayo al exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía Martín Soler y a otros cinco ex altos cargos en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En una providencia fechada el 29 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado atiende así la petición de los ex altos cargos para declarar de manera voluntaria y cita a declarar al exconsejero de Innovación el día 9 de mayo, mismo día en el que comparecerán el ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.
Asimismo, el juez cita a declarar como investigado el 6 de abril al ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, y el día 27 de abril al que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, cerrando esta ronda de comparecencias el día 16 de mayo el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas.
Mañas solicitó prestar declaración de manera voluntaria "a la vista del estado en el que se mantienen estas actuaciones y pese a que en su día se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, todo ello con el objetivo de "contribuir lealmente a aclarar los hechos y la total ausencia de responsabilidad delictiva en su actuación".
De igual modo, el juez atiende la petición realizada por el abogado de Antonio Diz-Lois y cita a declarar como testigo el día 16 de mayo al jefe de departamento de Régimen Jurídico del Servicio de Ordenación y Coordinación Laboral de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Ávila Gutiérrez.
El letrado, en un escrito consultado por Europa Press, solicitó al instructor que llamara como testigo a éste último al ser Diz-Lois su "jefe inmediato" mientras ostentó el cargo de jefe de servicio de Ordenación y Coordinación Laboral desde el 17 de noviembre de 2001 hasta el 29 de marzo de 2006.
Cabe recordar que, en un auto dictado el 17 de noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas e incluyó dentro de esta pieza separada a 51 ex altos cargos de la Junta.
En el auto se señala que, de los hechos reseñados, pudieran ser penalmente responsables 51 personas, entre las que se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.
La juez abrió diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación", por hechos relativos a la participación "activa y consciente" de estas 51 personas en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico.
Dentro de esta pieza separada, la magistrada incluye también a los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, a varios exviceconsejeros y exresponsables del IFA/IDEA, a los que fueran miembros del Consejo Rector, y al que fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
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