El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, se topó ayer de nuevo con el caso que le persigue desde su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla (US). La Fiscalía del TSJA le señaló ayer de forma directa como presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público al dar el paso de encargar al Alto Tribunal que abra diligencias en su contra en un proceso que podría concluir convirtiéndole en investigado, la antigua figura de la imputación.
El recorrido judicial parte de una denuncia presentada en marzo de 2015 por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que interpretó que el ahora consejero habría adjudicado de forma “arbitraria” la redacción del proyecto de construcción del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla, conocido popularmente como Centrius. El caso lo inició la Fiscalía de Sevilla, pero la condición de aforado de De Arellano le obligó a inhibirse en favor de la del TSJA.
La queja se remonta, a su vez, a 2008, cuando la Universidad de Sevilla suscribió con un estudio de arquitectos el proyecto, que se extendía sobre 25.800 metros cuadrados y contaba con un presupuesto de 34 millones, incluida una subvención de casi 18 millones del Gobierno central y los fondos Feder.
La clave serían las fechas. Según la parte denunciante, no cuadra que la licencia de obras de lo que luego sería la construcción fuese otorgada tomando como punto de partida un proyecto visado en agosto de 2008, un mes antes de que la Universidad firmase de forma oficial el encargo de los trabajos. Intuye el Colegio de Arquitectos que el proyecto, por tanto, se adjudicó sin cumplirse lo que marca la estricta legislación en materia de contratación pública.
Desde Jaén, donde participaba en un acto público, De Arellano reclamó que se respete su presunción de inocencia y se esforzó en subrayar que el caso que le salpica está vinculado a su etapa en la Universidad de Sevilla y que por ello no debería afectar por extensión a la Junta. Tras resaltar que “los litigios de este tipo son habituales”, recordó que el Colegio de Arquitectos debería haber presentado la denuncia ante el juez y no en la Fiscalía para haber disfrutado de todas las garantías.
Críticas desde el flanco de la oposición
El PP se cuestionó ayer si De Arellano debe seguir “sentado en el Consejo de Gobierno”, Podemos reclamó que dé explicaciones “de forma inmediata” en el Parlamento e IU certificó que a Susana Díaz “le gusta coquetear con el riesgo” al nombrar a quien ya estaba denunciado. C’s, más cauto, recordó que sólo en el caso de ser imputado pedirá sus destitución inmediata.
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