Después de un carrusel de quejas y de escritos que creen que no han surtido efecto alguno, dos de los partidos de la oposición, PP y Podemos, decidieron ayer elevar el tono de su protesta ante la comisión de investigación de los cursos de formación por lo que consideran un retraso intencionado de la Junta en el envío de los expedientes del caso que necesitan diseccionar antes de lanzar sus preguntas a los comparecientes. Para hacer más sonora su disconformidad, ambas formaciones protagonizaron un plante negándose a interrogar a uno de los citados (el presidente de Affoaan, José María Pérez González) alegando que la “ausencia” de documentación esencial obstaculiza su trabajo.
La protesta se considera de tal calibre que el propio presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), detallará hoy en rueda de prensa el escrito de queja que remitirá a la Junta de Andalucía dando cuenta de las consecuencias de esas obstrucciones. En su queja, Miguel Ángel Torrico (PP) denunció que la información sobre el compareciente fue solicitada hace cinco meses y se declaró “harto de tomaduras de pelo”. Desde Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe alertó incluso de que si ese escenario persiste darán un portazo y abandonarán la comisión. En defensa de la Junta, Marisa Bustinduy (PSOE) señaló al PP por aferrarse al argumento de la falta de documentación, algo que consideró “un insulto a la inteligencia”.
El encargado de sacudir las acusaciones fue ayer el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, quien tras el Consejo de Gobierno abogó por recuperar la opción, rechazada en su día por la oposición, de acceder a los documentos originales en el propio Parlamento siempre bajo custodia de funcionarios. Vázquez tiró de calculadora para certificar lo que la Junta insiste en que es un retraso achacable a la complicada logística. En una catarata de cifras, recordó que se han remitido ya 900 carpetas, pero que el caso afecta a más de 41.000 y a 27 millones de folios. Con la “fotocopiadora más potente” de toda la Administración autonómica trabajando las 24 horas serían necesarios, a su juicio, cinco años de trabajo.
Sin preguntas de PP y Podemos, Pérez respondió que en los últimos años de los cursos no había inspecciones, control ni libre concurrencia.
Los servicios jurídicos de la Junta preparan un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que considera a la Administración autonómica responsable civil subsidiaria en el caso de los cursos. Su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, replicó que la Junta “en todo caso debe ser considerada parte perjudicada, nunca responsable”.
La Junta se ve perjudicada, no responsable
Los servicios jurídicos de la Junta preparan un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que considera a la Administración autonómica responsable civil subsidiaria en el caso de los cursos. Su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, replicó que la Junta “en todo caso debe ser considerada parte perjudicada, nunca responsable”.
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