Griñán defendió la absoluta transparencia de la Junta al entregar a los populares todo el expediente que solicitaron, “porque da la impresión que ha habido periodismo de investigación”, puntualizó, y destacó que ya se ha “debatido y sustanciado en comisión y en Pleno” en el Parlamento.
Tras reiterar esta transoarencia, señaló que la comisión de investigación que piden los populares “sólo investigará esa transparencia”, mientras cuestionó que se planteen modificar la Ley de Incompatibilidades: "¿La van a endurecer para que alcance a casos anteriores?. ¿Reconoce el PP con ello que no había incompatibilidades?", se preguntó Griñán.
Según anunció ayer la portavoz parlamentaria popular, Esperanza Oña, su partido trabaja en una proposición de ley en la que plantea modificaciones en dos o tres leyes que permitan "eliminar para siempre la duda de nepotismo" en las adjudicaciones, tras polémica por esta subvención.
Según Oña, las modificaciones, que su partido recogerá en una proposición de ley, podrían afectar a las leyes de Incompatibilidades, la Ley de Contrataciones y la que se refiere a la publicación de los bienes de los diputados y altos cargos.
Los populares plantean que cualquier empresa que vaya a contratar con la Junta tendrá la obligación de declarar los familiares que trabajan en la empresa con "cargos decisivos", iniciativa con la que se pretende que se cumpla la Ley de Incompatibilidades "y que no puedan decidir" sobre esta contratación.
"En el caso de la empresa en la que trabaja la hija del señor Chaves parece que se ha vulnerado la Ley de Incompatibilidades tanto por parte de él como de su hija", opinó Oña.
La segunda de las modificaciones legales consiste en que, al igual que es obligatoria la declaración de los bienes de diputados y de los altos cargos de la administración, éstos estén obligados también a una declaración de "cuántos familiares hasta cierto grado de parentesco" se tengan contratados en la administración autonómica y cuál es el procedimiento mediante el que están contratados.
Estas propuestas se basan en la oferta electoral que realizó el PP en la campaña electoral de 2008 de que ningún familiar "directo" del presidente del Gobierno andaluz, de los consejeros o de los altos cargos pudieran realizar contrataciones directas con la administración, de forma que se pusieran en marcha "trabas, barreras e impedimentos" a la contratación directa de familiares.
Esperanza Oña, que indicó que estas modificaciones ahondarán en la legalidad y la transparencia de las contrataciones, insistió en la necesidad de que el PSOE acepte la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la ayuda concedida por la Junta a la empresa Matsa, en la que trabaja Paula Chaves, hija del vicepresidente tercero del Gobierno.
La dirigente del PP se mostró convencida de que crear esta comisión es de "absoluta conveniencia" ante los datos que han ido apareciendo, y aseguró que todo apunta a que se ha producido una vulneración de la Ley de Incompatibilidades por parte del ex presidente de la Junta de Andalucía.
La comisión de investigación, según Oña, debería estudiar también los motivos por los que a la empresa Matsa se le han reclamado "solo" 18 millones de euros por parte de la Junta, aspecto que le ha llevado a la conclusión de que a la administración autonómica "le importa muy poco".
De igual forma, Oña recordó que Matsa está participada por la empresa Trafigura que tiene abiertos numerosos procedimientos judiciales en varios países como consecuencia de un vertido tóxico en Costa de Marfil, donde hubo miles de afectados.
El PP acusa a Griñán de oscurantismo
Por su parte, y tras las declaraciones de Griñán, el parlamentario del PP José Luis Rodríguez acusó al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de ser "cómplice" del "oscurantismo" que rodea al escándalo Matsa, apuntando que el pasado 12 de mayo a las 19.00 horas la Junta comunicó a su partido que podía acudir a la Agencia de Innovación a examinar el expediente de la subvención a la empresa Matsa, "tal y como habíamos solicitado a través del artículo 7" del reglamento del Parlamento.
"Tras el examen del mismo se comprometieron a remitirlo al Parlamento en veinticuatro horas y aún lo estamos esperando", dijo Rodríguez, quien pidió a Griñán que aclare si existe orden de remitir el citado documento y quién es el responsable de hacerlo llegar al Parlamento.
Tras preguntarse "qué entiende el presidente de la Junta por transparencia", José Luis Rodríguez señaló que su partido también espera la copia del poder notarial de Paula Chaves.
"Todo parece indicar que Griñán está agradeciendo su nombramiento tapándole las vergüenzas a Chaves", concluyó Rodríguez.
Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Manuel Pérez Yruela, defendió la honorabilidad del ex presidente Manuel Chaves y consideró que, aunque el presidente del PP-A, Javier Arenas, tiene derecho a acudir a los tribunales, éstos no están para resolver cuestiones ya respondidas en sede parlamentaria.
Yruela hizo estas declaraciones después de conocer que el PP denunciará al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, para "aclarar" si vulneró la Ley de Incompatibilidades al no abstenerse en el Consejo de Gobierno en el que se concedió una ayuda a la empresa Matsa, en la que trabaja su hija Paula.
El portavoz del Gobierno andaluz indicó, en declaraciones a Efe, que Arenas tiene derecho, al igual que el resto de ciudadanos, a acudir a los tribunales si tiene acusaciones concretas, aunque insistió en que la Justicia "no está para responder preguntas que, en todo caso, han sido respondidas por el Gobierno andaluz en sede parlamentaria".
Además, Yruela recordó que es la segunda vez en los últimos días que Arenas amenaza con acudir a los tribunales "sin que hasta ahora se haya traducido en ninguna acción concreta en este sentido".
El portavoz del Gobierno andaluz defendió la honorabilidad del ex presidente Chaves, así como la transparencia y legalidad de todo el procedimiento de concesión de la subvención a la empresa.
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