La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Justicia e Interior para conocer si se están aplicando su recomendaciones sobre los centros de menores infractores incluidas en el informe especial presentado el pasado diciembre en el Parlamento.
Dicho informe sobre la atención que reciben los menores privados de libertad en los 15 centros de internamiento con los que cuenta Andalucía es un trabajo que analiza la labor que desarrollan estos recursos para la reeducación y reinserción social de los menores y jóvenes internos. Un trabajo con el que, afirma la institución, "hemos pretendido, además, incrementar la visibilidad de los centros de internamiento cara a una sociedad que después ha de reintegrar a quienes en edades tempranas se han visto privadas de libertad por actos delictivos graves".
Para esta tarea, el Defensor explica que para dicho informe, titulado 'La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía', se manejaron los datos obtenidos de un cuestionario remitido a los 15 centros; se visitaron todos y cada uno de ellos; se entrevistaron con el personal que presta servicios en los mismos, con los equipos técnicos, con miembros de la Fiscalía y de la judicatura, con algunos familiares de los internos; y también se solicitó la colaboración de los ocho colegios de abogados de Andalucía. Además, señala que tampoco olvidaron a los menores internos porque "escuchar la voz de los chicos que cumplen medida de internamiento ha resultado básico en esta investigación".
"El informe en cuestión recoge las principales conclusiones de la investigación realizada y concreta nuestras propuestas, a modo de recomendaciones, de actuación respecto de la intervención administrativa que demandamos", señala la Defensoría.
De este modo, la institución argumenta que "transcurrido un tiempo prudencial desde la elaboración del informe y habida cuenta del nuevo contexto en el que nos encontramos tras la reciente culminación del proceso de adjudicación del servicio integral de guarda, reeducación e inserción de centros de internamiento de menores infractores, se acuerda la apertura del presente expediente de queja de oficio".
En la misma, continúa, se pide que se informe sobre las distintas actuaciones y gestiones desarrolladas para el "cumplimiento" de las distintas recomendaciones que se contienen en el informe especial.
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