El Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha emprendido una ofensiva contra las ocupaciones de suelo por comunidades y/o empresas privadas, que impiden el tránsito de los vecinos del barrio de Triana y ha decidido revocar un permiso de cierre de un pasaje en la Ronda y sancionar por tercera vez al restaurante Abades. Aún debe afrontar el cierre de las puertas de acceso a los jardines de Termancia.
La Gerencia ha atendido las numerosas quejas vecinales expresadas en los últimos meses contra el cerramiento que autorizó hace años del pasaje existente en la planta baja del edificio sito en Avenida Ronda de Triana 43-51 y ha decretado el inicio de los trámites para su revocación, una medida de carácter excepcional por no recordarse precedentes en tal sentido.
Urbanismo ha comprobado la inobservancia del requisito impuesto por el Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y Programas de Vivienda respecto a la exigencia de consenso por parte de los vecinos afectados como condición para la concesión de la licencia, tal y como consta en el informe emitido el día 16 de julio de 2013.
La falta de consenso es obvia, ya que, hartos de que sus quejas no fueran oídas por la comunidad de propietarios que había “privatizado” el pasaje, decenas de vecinos residentes en la calle Maestro Arrieta elevaron a principios de año un escrito a la Gerencia en el que mostraban su total oposición al cierre de la travesía, por impedir el tránsito de personas, especialmente agravado en el caso de ancianos, enfermos y residentes con problemas de movilidad, además de por constituir dicho tramo una servidumbre de paso y no habérseles tenido en consideración a la hora del otorgamiento de la licencia de obras.
La Gerencia infiere la existencia de defecto en la concesión del antiguo permiso, en perjuicio del interés público que le corresponde preservar y defender, motivo por que ha revocado la autorización.
El enfrentamiento comenzó en el verano de 2014, cuando los residentes en Ronda de Triana 43-51 decidieron colocar en ambos extremos del pasaje una verja automática que cierra el paso y que tan sólo se mantiene abierta de 09.00 a 21.00 horas y de lunes a viernes. “Una servidumbre de paso debe estar abierta las 24 horas del día. Se trata de una usurpación de un espacio público”, declaró a Viva Sevilla el portavoz de los vecinos opuestos a tal medida, el maestro Pastor Cornejo. “Hay muchas personas mayores y ciudadanos con movilidad reducida que si se encuentran la cancela cerrada deben dar una vuelta enorme para ir a Ronda de Triana o a San Martín de Porres, donde hay un ambulatorio”, expresa el profesor.
Sin acceso al río
Por otra parte, Urbanismo también ha decidido imponer una sanción de 600 euros (la tercera de tal cuantía en un periodo de ocho años) al restaurante Abades Triana por impedir el acceso a la ribera del río mediante una valla de cristal que mantiene instalada en la calle Betis. Tal como viene informando desde hace casi cinco años Viva Sevilla, cuando en 2008 se inauguró el restaurante, sus dueños aseguraban que su objetivo era “devolver el río a Sevilla”.
Pero para acceder a la parte de la ribera del Guadalquivir que hay delante del restaurante, una zona verde y de uso público, hay que hacerlo a través de los dos pasos controlados por Abades y al no existir otro acceso, es el restaurante quien debe garantizar la servidumbre de paso, algo que no ocurre siempre.
A pesar de no permitir el acceso siempre, la garantía para hacerlo fue fundamental para que el Grupo Abades obtuviera en 2003 la licencia de obras. Según un informe de la Gerencia de 2005, al que ha tuvo acceso Viva Sevilla, en 2001 Urbanismo denegó la licencia porque el proyecto “superaba ampliamente la edificabilidad existente”.
Fue en 2003, “con un proyecto casi idéntico”, cuando el Ayuntamiento (PSOE-PA) dio vía libre a la construcción del restaurante de lujo, conforme a un proyecto del arquitecto Jaime Montaner, exconsejero de la Junta, y con Manuel Marchena al frente de la Gerencia. No hubo informe de la Sección Técnica de Licencias Urbanísticas. “Sorprende la falta de pronunciamiento de este Servicio”, recoge el informe, firmado por el director de área de Observatorio y Control de Procesos, José García Cebrián.
Lo que sí tuvo fue el beneplácito “personal” del director técnico de Urbanismo, Juan García Gil, que resaltaba que el proyecto era “coherente” al objeto de garantizar “sus accesos, uso y disfrute público”. Según el informe, García Gil defendía que “en conversaciones con el promotor, es intención garantizar el acceso público desde la calle Betis al borde del río, por lo que se ve viable urbanísticamente”. Ocho años después, ese acceso al río sigue sin estar garantizado y la “privatización” le ha salido barata a Abades: tan sólo 1.800 euros de multa, a un promedio de 200 euros anuales.
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