El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abogado por aunar esfuerzos con el Gobierno central y los ayuntamientos para poder ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes y que la depuración de todas las aguas residuales sea pronto una realidad en Andalucía. Para Fiscal, hay que dejar a un lado la confrontación política en materia de aguas y hacer un frente común para resolver los problemas de los ciudadanos. En esta línea, ha recordado que en estos momentos la Consejería está negociando con la diputaciones para buscar nuevas fórmulas de colaboración que permitan que estas entidades supramunicipales aporten sus conocimientos técnicos y medios propios para avanzar en los sistemas de depuración de los municipios de su provincia.
Durante su intervención en el Parlamento andaluz, Fiscal ha explicado que asegurar la financiación para las actuaciones de saneamiento y depuración constituye una prioridad para la Administración autonómica, contando que un 80% de la misma procede del canon de mejora de la infraestructuras hidráulicas. Este impuesto de carácter finalista, solidario y regional está contemplado en la Directiva Marco de Agua, que obliga a recuperar los costos de los servicios relacionados con este recurso. En este sentido, ha aclarado que lo recaudado en cada uno de los núcleos urbanos se emplea en pagar todas las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de depuración, con independencia de su lugar de ejecución.
De otro lado, el consejero ha resaltado que es objetivo de la Junta dotar a Andalucía de todas las infraestructuras necesarias para poder cumplir los objetivos de calidad que marca la Ley de Aguas. Así ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno andaluz que ha permitido que desde la década de los 90, las partidas destinadas por la Administración autonómica para el desarrollo de infraestructuras hidráulicas alcancen los mil millones de euros. Esto ha permitido que el 85 por ciento de la población andaluza devuelva depuradas sus aguas residuales al medio hídrico, frente al 28 por ciento que lo hacía en 1992.
Fiscal ha avanzado que para aumentar el porcentaje de población con infraestructuras de depuración a valores próximos al 100 por ciento se precisa de una inversión de 900 millones de euros, de los que dos tercios serían asumidos por la Junta de Andalucía y el resto por la Administración del Estado.
En esta línea, el consejero ha recordado de las actuaciones recogidas en el acuerdo de Consejo de Gobierno, a fecha de 31 de septiembre de 2015 se han llevado o se están llevado a cabo 155 de las 300 previstas. Esto supone una inversión de más de 410 millones de euros, de los cuales 263 millones corresponde a presupuesto ejecutado y casi 147 a anualidades futuras comprometidas.
En opinión del titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la dificultad para ejecutar las obras de depuración no es sólo de la Junta, sino también del Gobierno central. Ejemplo de ello son las obras declaradas de Interés General del Estado en 1993 y enclavadas en lugares vulnerables como el entorno de Doñana -con las depuradoras de Matalascañas y Mazagón, entre otras- o de especial relevancia como la Costa del Sol, donde se deben construir las depuradoras de Marbella, Fuengirola o Nerja.
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