La juez que instruye la macrocausa de los cursos de formación sufragados por la Junta de Andalucía, María Núñez Bolaños, ha citado a declarar como investigados, antes imputados, a los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y Ángel Ojeda, cuyo entramado de empresas recibió 33,3 millones de euros.
Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez de instrucción 6 de Sevilla cita a Ojeda el 20 de abril próximo y el 10 de mayo a Fernández, que también está investigado en el caso de los ERE.
Las citaciones de ambos exconsejeros se incluye en un calendario de comparecencias con 20 personas investigadas en la pieza de los cursos que afecta al entramado empresarial de Ojeda, una de las nueve en las que está divida esta macrocausa.
El calendario de las citaciones acordadas por el juez comienza el 20 de abril y concluye el 17 de mayo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En enero pasado, la juez abrió diligencias previas de las tres piezas desgajadas de la macrocausa de los cursos de formación relativas a entramados empresariales, entre ellos los de Ojeda, José María Pérez González y Rafael Velasco Sierra, que fue vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
En la pieza sobre al entramado empresarial de Ojeda se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D y dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, 33,3 millones de euros.
Ese dinero se concedió en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova y Natura), que fueron otorgadas en los años 2009 y 2010, según el auto de la juez.
Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos por Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, según la juez.
Además, había una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del mismo grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento, añade la instructora.
La apertura de estas diligencias de los entramados empresariales se produjo después de que el 21 de diciembre pasado la juez dividiera en nueve piezas la macrocausa que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta, seis de las cuales han sido declaradas de especial complejidad, lo que permite alargar la instrucción 18 meses más.
Además de las tres piezas de los entramados, la juez abrió cuatro más de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales: Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
También existe una pieza que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y una más relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
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