La jueza Núñez Bolaños ha declarado “de especial complejidad” la investigación de la pieza de los cursos de formación de la Junta que afecta a Rafael Velasco, el que fue vicesecretario general del PSOE hasta que el escándalo por la concesión de más de 700.000 euros en ayudas a la empresa de su mujer forzó su dimisión. Al mismo tiempo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla declara en su auto el archivo provisional de la causa para evitar que corran los plazos legales. La decisión afecta también a José María Pérez González, que como Velasco está investigado por presunto fraude.
Con su resolución, Núñez Bolaños atiende la petición que le formuló la Fiscalía Anticorrupción y logra un doble objetivo. Al considerar compleja la investigación consigue, tal y como permite la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ampliar de 6 a 18 meses el tiempo disponible para concluirla. Además, con el sobreseimiento provisional congela el caso y detiene de facto el reloj, de forma que los plazos dejan de correr. ¿Por qué? Básicamente porque entiende que la documentación que debe examinar antes de pronunciarse es “abundante”, máxime tras los retrasos de la Junta en facilitarlos, según la oposición.
A ese último argumento se aferra con fuerza el PP, que como parte personada en la causa denunció este miércoles una supuesta “estrategia” del Gobierno de Susana Díaz para dilatar los plazos retardando al máximo el envío de la información requerida y abriendo así la puerta a “la prescripción”. Su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, anunció que alegarán contra la decisión de la jueza y le solicitarán que exija a la Junta el envío de los archivos. “Buscan justo lo que ha pasado: que se archive la causa y que prescriban los delitos”, denunció.
Tan convencido está el PP de ese “ninguneo” de la Administración autonómica a la comisión de investigación que reclamará a su presidente, Julio Díaz, que altere el orden de las próximas comparecencias, en especial la de los responsables de Faffe de finales de mes, si no reciben ya los expedientes vinculados.
La Consejería de Empleo reaccionó horas después acusando al PP de “mentir y manipular” sobre el riesgo de prescripción y asegurando que la información ya fue enviada al juzgado en 2014.
Los interventores del SAE, a declarar
También relacionado con el caso de los cursos, Núñez Bolaños ha citado a declarar como testigos a los interventores del SAE de las ocho provincias entre los días 5, 7 y 21 de abril. Una semana después, el 28, deberán acudir también Julio Coca, actual director gerente del Servicio Andaluz de Empleo; el jefe del Servicio de Formación de Cádiz y el director de Formación, el primero como testigo y los dos últimos como investigados.
La primera ronda, de "desmadre" a "decepción"
La esperada primera ronda de comparecencias ante la comisión que trata de depurar responsabilidades políticas en torno a la trama de los cursos de formación arrojó este miércoles un aluvión de críticas sobre la propia Junta por los testimonios escuchados de los interventores provinciales, y también sobre las espaldas del que fuera interventor general, Adolfo García Fernández, de quien la oposición dice no entender sus lagunas y olvidos pese a ser durante años la máxima autoridad en el control de los fondos y quien firmó hasta 9 informes con la actuaciones para corregir los errores.
Las protestas en público llegaron desde los cuatro grupos de la oposición en el Parlamento, porque el PSOE, por boca de su portavoz, Mario Jiménez, interpreta que los interventores confirmaron que no hubo ilegalidad en el procedimiento usado y que en caso de detectarse sería “del ámbito administrativo”.
No entienden lo mismo el resto de partidos. Uno de los más contundentes fue Podemos, convencido de que esas declaraciones confirman que la falta de control de la Junta “genera corrupción”, la “ausencia total de auditorías” y una posible prescripción de numerosos expedientes, según Esperanza Gómez.
Desde IU, Elena Cortés denunció que las versiones escuchadas ratifican el “absoluto desmadre y descontrol” en la concesión de las ayudas hasta crear un sistema que alentaba a los “cazasubvenciones”, e ironizó sobre la teoría de las “empresas de la mudanza” en alusión a la justificación que aportaron varios interventores sobre el deterioro de los expedientes al pasar de una consejería a otra.
Carmen Crespo (PP) insistió en la “tibieza” del exinterventor general pese a “ratificar” lo que ya afirmó en los informes, mientras Marta Bosquet (C’s) vio “decepcionante” el testimonio de García y consideró que confirma la “absoluta falta de rigor” en el control de los fondos.
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