El interventor provincial de la Junta en Córdoba, Antonio Escudero Miralles, cree que los expedientes de formación entre 2002 y 2008 han prescrito, lo que impediría que la Junta pudiera recuperar a través de un procedimiento de reintegro los fondos utilizados de forma irregular, y no descarta que se haya producido un menoscabo de fondos públicos.
Escudero es el tercer interventor provincial de la Junta, tras los de Almería y Cádiz, que comparece ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad.
Durante su intervención, ha explicado que la prescripción empieza a computar desde la finalización del plazo de justificación, que son tres meses. "A partir de ahí son cuatro años y ya habría prescrito el derecho a iniciar proceso de reintegro", ha indicado Escudero, quien, ha precisado, no obstante, que el plazo para los fondos europeos es "algo mayor".
Así, preguntado sobre si de 2008 hacia atrás no se van a poder recuperar los fondos, el interventor ha respondido que "estamos en 2016". En su opinión, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) debería haber realizado una actuación "más proactiva" durante estos años en la averiguación sobre si los beneficiarios han dedicado el dinero a la actividad para que ésta fue concedida.
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