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Torremolinos

Los vecinos de Torremolinos temen que la Junta de Andalucía acabe imponiendo dos nuevos impuestos

Incluidos en el Anteproyecto de Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma, supondrían un desembolso global al año de unos 2 millones de euros

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Los vecinos de Torremolinos temen que la Junta de Andalucía acabe imponiendo la creación de dos nuevos impuestos, que supondrían un desembolso global al año de unos 2 millones de euros, como denunció el alcalde, Pedro Fernández Montes, en el pasado pleno municipal, donde anunció que el Ayuntamiento recurrirá el Anteproyecto de Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma que prevé la puesta en marcha de los referidos nuevos impuestos.
La Junta de Andalucía,”pese a la grave situación de crisis y penuria económica que sufren los ciudadanos”, como dijo el alcalde en la sesión de pleno, pretende establecer, por un lado, una cuota fija que afectaría por igual a todos los vecinos, sea cual fuera su capacidad económica, y, por otro, la creación de un “canon de mejora” que implicaría que la cantidad recaudada podría destinarse a la ejecución de obras en cualquier municipio andaluz, frente al actual criterio potestativo de los ayuntamientos para aprobar las obras específicas en cada municipio respectivo.
Pedro Fernández Montes insistió en la sesión plenaria en que este Anteproyecto de la Junta de Andalucía pretende, además, “para evitar el deterioro político que comporta promover un incremento de impuestos, que sean los ayuntamientos los que los cobren y paguen el pato, de forma gratuita, y que sean también los propios ayuntamientos, y por tanto los vecinos de Torremolinos, los que tengan que asumir los impagados que pudieran producirse en la gestión de esos impuestos”, una pretensión ésta que convierte a los ayuntamientos en “sujetos pasivos y subsidiarios”, una situación está no contemplada en la actual Ley de Haciendas Locales.
A juicio del primer edil de Torremolinos, el Anteproyecto de Aguas que defiende el Gobierno autónomo andaluz “engaña” cuando se refiere a la Directiva Marco de la Unión Europea, que establece que los ciudadanos tienen que sufragar los costes de infraestructuras, pero las de carácter municipal dentro del municipio, y no las de carácter supramunicipal (carreteras, aeropuertos, conducción de agua…), inversiones éstas que deben ser asumidas por los respectivos Estados o Comunidades Autónomas porque, de no ser así, a qué dedican el Estado y las Comunidades Autónomas los fondos que obtienen de los impuestos directos e indirectos de los ciudadanos y que representan nada menos que el 87 por ciento del total de los recursos públicos, siendo el 13 por ciento restante lo que reciben los ayuntamientos, a todas luces una cantidad insuficiente para las cada vez más prestaciones que les son transmitidas.

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